Por Macarena Miranda

Hace 18 años que Pedro trabaja para el mismo empleador, y aunque tiene contrato indefinido, no cuenta con seguro de cesantía.

Pedro, como muchos otros trabajadores que estaban contratados antes de que fuera promulgada la ley que garantiza este seguro en el año 2002, nunca hizo el trámite para acceder a sus beneficios y hoy, en este clima de inestabilidad laboral, hace la fila para realizarlo. Pero ya es tarde.

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Son decenas, como él, quienes llegan cada mañana hasta las oficinas de la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) de Puente Alto.

Viene a inscribirse, dice, porque la secretaria de recursos humanos de su empresa le recomendó hacer el trámite.

El abogado Julio Contreras Sandoval es docente la Universidad Central y experto en políticas laborales. Afirma que la situación de Pedro es compleja, porque, aunque se inscriba ahora, no contará con las cotizaciones necesarias a corto plazo para poder acceder a los beneficios estatales en caso de ser despedido. No tiene ahorros para cobrar el seguro.

Contreras Sandoval explica que todos los trabajadores que tenían contratos anteriores a 2002, cuando empezó a regir la ley, debían realizar el trámite de acceder al seguro personalmente. “Los mismos trabajadores tenían que ir a inscribirse”, dice.

En el caso de todas las recontrataciones o contratos posteriores a la fecha en que comenzó a regir la norma, este trámite ya no era necesario, porque el seguro de cesantía operaba automáticamente a partir de ese momento.

“Como para los contratos anteriores era voluntario, el problema lo tendrán ahora para acceder al subsidio si siguen trabajando (como Pedro) para el mismo empleador“, agrega.

Este último no tenía la obligación de inscribir a sus trabajadores, eran ellos quienes debían elegir si optar a no por el seguro. “Muchos no accedieron porque temían que les descontaran demasiado dinero mensual, otros por desconfianza”, asegura el abogado.

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El sistema del seguro opera como un fondo en el que trabajador y empleador aportan dinero.

El primero entrega un monto mensual que corresponde al 0,6% de su salario, mientras el segundo un monto que oscila entre el 2,4 al 3,0%, dependiendo de si se trata de contratos indefinidos o a plazo, explica el docente. Estos recursos se acumulan en la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC), un seguro que el trabajador usa cuando queda desempleado.

Pedro sigue en la fila de la AFC de Puente Alto. Acudió a primera hora para realizar el trámite. Aunque sabe que no tendrá fondos, cree necesario hacerlo. “Me comuniqué con la empresa, pero no tengo seguro de cesantía, no me inscribí nunca, tampoco lo hizo mi empleador”, señala mientras avanza en la fila, resignado.

Relata que entró a la empresa, un mes antes de que comenzara a regir la nueva ley. Nuca supo que tenía que inscribirse, nadie le informó. Cuando tuvo contrato indefinido se confió y solo hoy ve los beneficios que dejará de percibir por no haberse inscrito a tiempo.

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Juan Pablo López, abogado experto en litigios laborales, habló del tema en el programa Contigo en la Mañana de Chilevisión. Se nota, dijo, “la poca de información que entrega el área de Recursos Humanos al trabajador”. En todo caso, aclara que “la empresa no cometió la falta, sino que el trabajador era quien debía afiliarse al sistema de manera voluntaria”.

Pedro sabe que inscribirse ahora en el seguro de cesantía no es algo que le implicará beneficios inmediatos. “Si no tengo fondos, cómo me van a pagar”. Lo bueno, dice, es que sigue contratado y espera permanecer en su empleo: “Hasta ahora me han pagado mi sueldo completo. Hay que ver cómo viene abril”.

El Seguro de Desempleo rige a partir del 2 de octubre de 2002 y es para todos los trabajadores contratados con posterioridad a esa fecha y para aquellos contratados antes que realizaron el trámite de inscripción. Este seguro cobra hoy especial relevancia, pues permite acceder a beneficios en el contexto de inestabilidad laboral que implica la pandemia.

La AFC, por su parte, dispuso mecanismos para evitar hacer largas filas considerando la pandemia. Es posible también realizar el trámite por Internet y así evitar exponerse al riesgo de un contagio de coronavirus.

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