Mediante el audio, Amber Pack escuchó que los pequeños eran amenazados por las docentes de una escuela de Estados Unidos. El registro fue compartido en Facebook y en 24 horas sumó 10 millones de reproducciones.
Una madre de una pequeña que tiene autismo escondió una grabadora en el cabello de su hija para descubrir si la menor era maltratada en su escuela de Virgina, Estados Unidos.
Según consigna People, mediante los audios Amber Pack escuchó que los menores del centro recibían amenazas.
Inmediatamente, presentó una denuncia y tanto la profesora Christina Lester como las asistentes June Yurish y Kristin Douty fueron detenidas.
El arresto de las docentes de la escuela Berkely Heights Elementary ocurrió meses después de que Pack descubriera que su hija tenía contusiones.
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Un audio de ocho horas
Amber ocultó el dispositivo de grabación en el moño de su hija. El audio, de ocho horas, habría registrado que las profesoras les decían a los niños que le sacarían los dientes y que no tendrían comida.
“Cuando regresó estaba horrorizada y no podía creer lo que escuchó”, afirmó Ben Salango, abogado de la familia Pack.
Luego la policía interrogó a los docentes sobre el audio, pero aseguraron que estaban hablando entre ellas y no con los niños.
En un comienzo, los fiscales no presentaron cargos contra las profesoras, pero en febrero Pack publicó el audio en Facebook y sumó más de 10 millones de reproducciones en 24 horas.
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Tras la viralización del audio, el fiscal general presentó una demanda contra Lester, Yurish y Douty por agredir verbalmente a los alumnos.
En mayo, el proceso incluyó a la directora de la escuela, Amber Boeckmann, y a la superintendenta del condado, Margaret F. Kursey, quien habría “tratado de obstaculizar la investigación”.
"Los administradores escolares deben cumplir con un estándar más alto, uno que proteja a nuestros hijos y responda enérgicamente a las denuncias de abuso. Las acciones de hoy reafirman nuestro compromiso de proteger a los más vulnerables de nuestra sociedad, especialmente a los niños ", afirmó Patrick Morrisey, procurador general.
21/08/2019
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