Por Max Frick
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Manuel Cádiz tiene 75 años y desde el 25 de mayo pasado viene dando una pelea por recuperar más de $6 millones que desaparecieron como por arte de magia desde su cuenta.

Ese día llegó a una sucursal bancaria de Quilpué a cobrar su pensión y la sorpresa casi le causa un nuevo infarto (ya había sufrido uno el año 2019): no tenía un solo peso en el banco.

“Fue al servicio al cliente y le dijeron que había retirado todo su dinero con sus claves de Internet, pero mi marido no tiene ni Internet en su teléfono, ni mucho menos claves bancarias”, relata Nancy, la esposa de la víctima.

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Es que en época de pandemia, los ciberdelincuentes están más peligrosos que nunca. Tienen horas, días y hasta semanas para investigar datos de personas que no han activado sus claves de Internet, creando estos servicios virtuales que las víctimas nunca pidieron

Afortunadamente desde BancoEstado nos devolvieron su pensión y el saldo de la cuenta, pero Cencosud, donde estos delincuentes pidieron un avance en efectivo, nos está cobrando la plata, que también le depositaron”, nos cuenta su esposa Nancy.

Sin embargo, el delito del que fue víctima Manuel Cádiz a través del ciberespacio puede tener una solución.

Según el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), con la entrada en vigencia de la nueva ley, las empresas deberán devolver al consumidor los montos por los que han sido defraudados en un período de 5 días hábiles cuando éste sea equivalente a 35 UF. Esto es, alrededor de 1 millón cinco mil pesos.

En el caso de montos que superen esa cantidad, las entidades financieras deberán devolver el dinero en un plazo máximo de 12 días hábiles. “Más allá de la arista penal, esta ley confirma que parte importante de la naturaleza de los servicios financieros es cuidar el patrimonio de las personas, y eso incluye que las empresas tomen todas las medidas para que los consumidores no sean víctimas de fraudes”, explica el subdirector del Sernac Jean Pierre Couchot.

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Según el subprefecto Luis Orellana, de la Brigada del Cibercrimen de la PDI, “como las personas están en sus casas y hay más transacciones a través de Internet, este tipo de delitos ha aumentado durante estos meses de cuarentena en pandemia. Si antes una persona recibía un falso correo bancario o de retail a la semana, hoy puede recibir hasta diez“, recalca el jefe de la unidad que investiga estos delitos.

El problema es que Manuel Cádiz nunca recibió ni un correo electrónico, ni mensajes de texto. “En este caso, lo más probable es que existió una suplantación de identidad”, asegura el subprefecto Orellana.

Estos delincuentes buscan víctimas que no tengan asociadas sus cuentas a un teléfono y ellos activan las claves por Internet con una falsa identidad y después realizan los giros, aunque ahora, con la nueva ley del consumidor, deberían devolverle el dinero en un corto plazo de comprobarse que hubo delito”, finaliza el jefe del Cibercrimen de la PDI.

Este plazo ya estaría excedido en varios días en el caso de Manuel Cádiz, quien a sus 75 años está impedido por ley para asistir a una sucursal de Cencosud a preguntar por la compensación de los millones de pesos que le robaron desde su cuenta bancaria.

“Él tiene diabetes, sumado eso al infarto que sufrió el año pasado, que además nos dejó una tremenda deuda en el Hospital Naval. Ya prácticamente no lo deja dormir. Yo tengo temor por su salud, por eso quiero que no nos sigan cobrando un dinero que nosotros no pedimos y que nos dejen tranquilos“, puntualiza Nancy, la esposa de la víctima.

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Consultado Cencosud, a través de un comunicado afirman: “tenemos toda la disposición para esclarecer los hechos y apoyar a nuestro cliente. Hemos investigado los antecedentes del caso e intentado contactarnos con él, sin éxito, a los números registrados en nuestro sistema con el objetivo de guiarlo en los pasos a seguir, ya que, según su propio relato, los fondos fueron retirados de su cuenta bancaria personal. Nuestros clientes son nuestra prioridad, por lo que insistiremos en contactarnos con él para apoyarlo en la búsqueda de una solución”.

Sin embargo, el Sernac es claro en este tipo de casos. “Recientemente entró en vigencia la nueva ley que fortalece los derechos de los consumidores al ser víctimas de fraudes en servicios financieros, en caso de infringir la normativa, las empresas se arriesgan a multas de hasta 600 UTM, cerca de 30 millones de pesos“, puntualiza la institución.

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