Por Felipe Robledo
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Guisela Valenzuela es la cabeza de su familia. Su padre tiene 77 años y está enfermo de Parkinson; su hijo Paulo sufre atrofia muscular espinal y asiste a la Teletón. A ambos los cuida mientras todos viven de allegados con su hermana.

Hace casi dos años Guisela perdió su trabajo y se le hace imposible dejar a su familia sin cuidados. Hoy sólo se mantienen con una pensión de invalidez de $130 mil, pero el dinero hace tiempo que ya no alcanza.

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“La semana pasada recibimos una caja de alimentos de la municipalidad y el lunes comimos en una olla común aquí en Quilicura“, relata Guisela.

Su situación la hizo postular al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que promulgó el gobierno. Tenía fe, pero se llevó una desoladora sorpresa: había sido rechazada, pese a que califica dentro del 40% de los ciudadanos con menores ingresos.  

Ha apelado en dos oportunidades a esta resolución, pero la respuesta sigue siendo la misma: que es parte de este segmento, que en la teoría está siendo beneficiado por el IFE, pero que los ingresos formales de su hogar superan el máximo para poder acceder al beneficio.

“Dependíamos de esa plata en este minuto. Ahora lo veo difícil, porque no me han dado respuesta de mi última apelación“, sentencia Guisela.

Un escenario complejo para familias que quedan fuera de del Ingreso Familiar de Emergencia, pese a que, según su realidad socioeconómica, deberían estar entre los beneficiados.

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“Las principales dificultades que enfrenta la gente para acceder al IFE están dadas en aspectos formales, por ejemplo, estar inscritos en el registro nacional de hogares. Ahí lo que falta es generar una política más activa en términos de reconocer que hay personas que han cambiado su situación actual y ahora sí están en la condición de ser familia vulnerable”, planeta Roberto Contreras, economista de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM).

Guisela concuerda con esta idea, ya que asegura haber consultado al municipio de su comuna, donde le dicen que sí pertenece a este segmento, por lo que debería ser beneficiaria.

“La asistente social me dijo que tenían distintos montos de mis ingresos. En mi oportunidad para apelar, no me deja ingresar ningún documento”, concluye.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social indican que todos los postulantes tienen la posibilidad de apelar sobre su situación y actualizar información, por ejemplo, que sus miembros se encuentran sin trabajo y acreditarlo para poder acceder al Ingreso Familiar de Emergencia.

Para esto, deben acceder al sitio www.ingresodeemergencia.cl, donde podrán ser orientados para que ningún usuario se quede sin respuesta a su solicitud.

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Guisela ya inició este proceso y, si el sistema funciona, debería tener la respuesta a su apelación el 10 de julio vía mail. Esto porque, según las bases, la entidad tiene 30 días para responder a la solicitud. Para tener en cuenta: este proceso no implica que se hagan visitas presenciales para ratificar la situación de la familia, sino que se acredita a través del Registro Social de Hogares.

Por ahora, a ella sólo le queda esperar ser aceptada y recibir este ingreso que hoy le hace más falta que nunca para seguir adelante con los cuidados que requieren su padre e hijo enfermos.

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