Por Ivonne Bastías
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Cuando comenzaba mayo de este año, el temor de un colapso en el sistema de salud producto de la pandemia era tema en la prensa, en la política y quizás en las conversaciones diarias. Los casos por contagio seguían subiendo y la cantidad de fallecidos también.

Fue en este escenario en el que Priscila Vargas (46) se sumó a la lista de contagiados COVID-19 .

“Comencé con un dolor de espalda que me dificultada respirar, hasta me cansaba al caminar y ya luego se transformó en insoportable”.

Así explica Priscila los síntomas que por esos meses la hicieron acudir a diferentes centros de salud. Primero llegó hasta el Hospital Juan Pablo II de la comuna de San Bernardo, lugar donde explica que, por tener síntomas, la enviaron al Consultorio Carol Urzúa para realizar el PCR, pero dentro de la espera del resultado pasaron al menos cinco días donde se sintió peor.

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“Fui hasta el Carol Urzúa y cuando pedí que me atendieran me echaron del lugar, porque recién ahí me dijeron que era positivo”.

Priscila, ya sabiendo que estaba contagiada, se fue a su casa a respetar la cuarentena, pero sus síntomas eran más notorios. “Me tenía que colocar en la ventana para poder sentir que me llegara más aire”. Fue así con estos síntomas que intentó llamar a ambulancias, pero ninguna llegó, le respondían que estaban colapsados.

Me sentía mal, estaba desesperada y me fui al Hospital Parroquial donde le supliqué hasta a los militares que estaban en el lugar que me atendieran, pero la espera era de más de 10 horas para la atención. Ahí me fui al Hospital El Pino, pero tampoco me atendieron”.

Fue en este momento cuando su hija la motivó a tomar un taxi e ir por una consulta particular en la Clínica Santa María.

“Me atendieron inmediatamente, no tengo nada que decir de la atención todo fue muy bueno y fue acá donde me hicieron exámenes que dieron como resultado una neumonía por COVID-19”, relata.

Para Claudio Castillo, académico de Salud Pública Facimed Usach, el caso de Priscila no es aislado.

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“Lo que pasó es que muchas personas no concurrieron a los establecimientos públicos por temor a esperar muchas horas y estar expuestos, esto llevó a que muchas personas tomaran la decisión de trasladarse a urgencias privadas, pero no tomaron en consideración en ese momento de cuál era el sistema que iba a cubrir esas atenciones. Lamentablemente, no todas las personas tuvieron acceso a la información y tomaron decisiones sin entender las implicancias que tendría”, señala Castillo.

A Priscila no la dejaron internada, pero sí tuvo que ir al menos cinco veces más a la clínica luego que tanto sus síntomas como su dificultad para respirar o su arritmia cardiaca empeoraran. Padece además de diabetes y asma crónica, lo que aumenta su preocupación por su salud.

Hoy Priscila está bien, pero tiene un gran problema: una deuda con la Clínica Santa María por cada una de estas atenciones, y ya una de esas cuentas incluso venció con más de $1 millón pendiente por pagar. Las otras cuotas también están pendientes de pago.

“Si hubiera entrado en ambulancia a la Clínica, esas que tanto llamé, quizás no me estarían cobrando porque tendría Ley de Urgencia. ¿Pero es tan así?

Ley de Urgencia por coronavirus: ¿es gratis?

Primero, para que un paciente sea ingresado por Ley de Urgencia, debe estar con riesgo de muerte. Por ende, una complicación por COVID-19 por sí sola no se puede considerar una urgencia, ya que la condición de riesgo de muerte o de secuela funcional grave deberá ser certificada por un médico cirujano de la unidad de urgencia pública o privada en que la persona sea atendida

Hay que tener presente que la Ley de Urgencia no significa gratuidad. Desde la Superintendencia de Salud explican que esta ley garantiza la atención de emergencia en cualquier establecimiento de salud -público o privado-, ya que estos no podrán negar la atención requerida en caso de riesgo vital o secuela funcional grave. Tampoco se podrá exigir un cheque, pagaré o cualquier tipo de documento o dinero en efectivo como requisito para atender a quienes estén con riesgo de morir en el momento.

Las prestaciones que se realicen por Ley de Urgencia en algún momento se pagan por el usuario ya que se entiende que Fonasa o la Isapre realiza un préstamo al paciente para cubrir la atención, la que luego podrá pagar en cuotas.

Pero en el caso de Priscila, ella no ingresó por Ley de Urgencia, ella llegó hasta la Clínica Santa María cada vez que se sintió mal tras su detección de neumonía, pero nunca estuvo en riesgo vital. La deuda que tiene ahora con la clínica por sus atenciones las debe pagar. Según el cálculo que realiza Priscila, esa suma sería de alrededor de $5 millones. Simplemente no puede pagar.

Sistema de salud segmentado 

Priscila tiene cinco hijos y vive con el menor de 17 años en la casa de un sobrino. Tomó esta decisión porque así podría arrendar su casa y conseguir más ingresos. Hace dos años es cesante y la repostería por algún tiempo le ayudó a conseguir más dinero, pero una complicación en su espalda hoy la tiene detenida. Se necesita operar, pero claro, tendrá que esperar porque no tiene dinero.

Esto da cuenta de un sistema de salud que está absolutamente segmentado. Por otro lado, vemos que respecto a la pandemia no hubo una respuesta integral para asegurar las prestaciones a las personas y estas no quedarán con una deuda por acudir a un centro asistencial para recibir atención. Esto da cuenta que nuestro sistema necesita una re mirada mucho más solidaria más integral evitar para que situaciones como las que personas tengan que endeudarse para recibir la atención”, señala Claudio Castillo.

Si tuviera plata me operaría con un médico particular, pero no tengo. Esa vez que fui a la clínica fue porque estaba desesperada y el doctor me decía que cada vez que me sintiera mal fuera inmediatamente a la clínica. Y claro, me atendieron bien, pero ahora no tengo como pagar”, relata Priscila.

Si quieres ayudar a Priscila:

  • Nombre: Priscila Vargas Torres
  • CuentaRUT BancoEstado: 12664147
  • RUT: 12.664.147-8
  • Correo: vargaspriscila.t@gmail.com
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