AGENCIA UNO

El pasado lunes 20 de septiembre, el constituyente Rodrigo Rojas Vade renunciaba a la Convención Constitucional, 16 días después que una investigación periodística revelara que inventó estar enfermo de cáncer.

Con el pasar de los días, el 28 de octubre, el Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), envió un oficio a la Contraloría General de la República para consultar si correspondía o no que el Estado, deje de pagar el sueldo Rojas Vade, que asciende a 50 UTM, es decir aproximadamente 2,5 millones de pesos.

En ese sentido, mediante una resolución de la División Jurídica de Contraloría, la máxima entidad fiscalizadora de Chile que lidera el contralor general, Jorge Bermúdez, decidió abstenerse de declarar algún tipo de pronunciamiento sobre si debe cancelar o no las remuneraciones.

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“El artículo 136 de la Carta Política regula las reclamaciones susceptibles de interponerse en contra de la referida Convención, radicando en cinco ministros de la Corte Suprema, elegidos por ella, la competencia para conocerlas y, en su inciso séptimo, dispone expresamente que ‘ninguna autoridad, ni tribunal, podrán conocer acciones, reclamos o recursos vinculados con las tareas que la Constitución le asigna a la Convención, fuera de lo establecido en este artículo’“, señala el documento.

En esa misma línea, argumentan que la Ley N°21.289 de Presupuestos del Sector Público del año 2021, contempla dentro del presupuesto de la Segpres, un programa presupuestario para financiar lo relacionado con el apoyo técnico, administrativo y financiero para la instalación y funcionamiento de la Convención COnstitucional.

Dado los antecedentes, al tener las disposiciones citadas, “aparece de forma inconcusa, por una parte, que no corresponde a esta Contraloría General acometer la interpretación del precepto constitucional que se ha requerido para suplir un supuesto vacío normativo, toda vez que ello implica incidir en la autonomía que el ordenamiento le reconoce a la Convención Constitucional, tal como se ha manifestado al mismo solicitante”, argumenta el texto.

Asimismo, indican que el hecho de que esa Secretaría de Estado haya sido designada como la encargada de prestar el apoyo técnico, administrativo y financiero, y que la ley de presupuestos haya consultado circunstancialmente esos recursos en la partida de dicha entidad, “no implica que se encuentra habilitada para afectar la autonomía de la Convención Constitucional, debiendo limitarse a dar estricto cumplimiento a la labor encomendada”, añadió el texto.

“Contraloría General debe abstenerse de emitir el pronunciamiento requerido”, sentenció el organismo.

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“Los montos que recibe serán donados”

Es relevante consignar que hace un par de días, Tomás Ramírez, el abogado de Rojas Vade indicó que la situación con la Convención se mantiene, pero que los montos que recibe serán donados.

“Existen proyectos de ley que permitirían renunciar, por lo que depende del Congreso que se modifique la Constitución para hacer efectiva su salida“, manifestó el especialista en leyes representante del ex miembro de la ex Lista del Pueblo.

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