El dinero que reposa en el olvido: Gendarmería no ha recuperado $4.209 millones en licencias médicas
La información consta en una reciente fiscalización de la Contraloría, donde se estableció no solo falta de control sobre estos recursos públicos, sino que además descubrió que hay subsidios que nunca serán recuperados porque datan de 2015. El caso afecta también a la PDI, que tampoco ha recuperado más de $540 millones. Ambas entidades alegan que han hecho lo posible para obtener dicho reembolso, pero el organismo fiscalizador no les creyó y ordenó sendos sumarios administrativos. Los documentos íntegros lo revela CHV Noticias.
4.209 millones de pesos servirían para modernizar un consultorio, destinarlos a la seguridad pública, o bien a un programa para que personas que sufren adicciones prueben suerte de una nueva vida.
La cifra que pudo tener un mejor uso, corresponde a los dineros que Gendarmería (Genchi) no ha recuperado de las licencias médicas -tanto del sistema público como privado- que funcionarios de la institución presentaron por incapacidad laboral o medicina preventiva.
La información consta en una reciente auditoría de la Contraloría General de la República (CGR), que publica íntegramente CHV Noticias.
Lea el informe completo de Gendarmería
La entidad de control acreditó además que existen dineros no cobrados desde 2016 y que a mayo de 2021 aún no vuelven a la contabilidad institucional. Incluso aparecen platas incobrables datadas en 2015.
A raíz de estos hechos, el organismo fiscalizador ordenó realizar un sumario administrativo para establecer las responsabilidades funcionarias que correspondan.
La entidad dirigida por Jorge Bermúdez acreditó además que el servicio de prisiones incluyó poco más de $215 millones de subsidios en la cuenta “deudores de dudosa recuperabilidad”, hecho que revela un desorden y “falta de control”, según establece la revisión.
El hecho no es menor, porque el monto refiere a subsidios no cobrados desde 2015, que Genchi nunca podrá recuperar atendido el tiempo transcurrido. Por esta razón la CGR ordenó que oficie al Ministerio de Justicia para castigar definitivamente la deuda.
Uno de los descargos que presentó Gendarmería para justificar los atrasos, es que ha tenido serios problemas para acceder a los dineros adeudados, por ejemplo, de Fonasa.
Según la respuesta, la Subsecretaría de Salud recién está gestionando un aumento presupuestario para regularizar los pagos. Por esta razón, indicó la entidad, no podía “señalar una fecha probable” para acceder a los recursos.
La CGR no aceptó los argumentos, ya que descubrió que la gran mayoría de las acciones para recuperar los pagos de licencias se hicieron “posterior al cierre de la fiscalización”, fechada en mayo de 2021.
Tres letras
En una situación similar, de acuerdo a una segunda auditoría que revela CHV Noticias, está la Policía de Investigaciones (PDI), donde la Contraloría se formuló una pregunta: ¿Se han percibido como recursos disponibles (…) los subsidios por incapacidad laboral y medicina preventiva?
Pues bien, a medida que avanzó la fiscalización, quedó claro que la PDI enfrentaba un desorden contable, aunque menor que el de Gendarmería.
Lea el informe completo de la PDI
Quien respondió los cuestionamientos fue la Jefatura Nacional de Administración y Gestión de las Personas, que reconoció cobros pendientes por más de $540 millones.
Según el informe de la CGR, la conducta de la PDI, “expone a la institución al riesgo de no identificar sumas pendientes por recuperar”. En este sentido, argumentó que la policía civil podría recibir “menos recursos de los que corresponde” debido a la “ausencia de control”. Por todo lo anterior también ordenó la realización de un sumario administrativo para buscar responsabilidades internas.
Este medio solicitó una versión al servicio carcelario, pero se indicó que no habría comentarios.
La PDI, en tanto, confirmó que el informe final de la entidad de control le fue notificado y cumplió con el inicio de un sumario administrativo.
Indicó al mismo tiempo que -por ahora- no harán referencia a los detalles del caso “sin antes materializar la respuesta al Órgano Contralor cuyo plazo vence el 05 de julio del 2022”.
