José Antonio, el hombre que estafó al fisco en $56 mil millones y superó a fraudes del Ejército y Carabineros
De acuerdo a una querella del SII, creó una sofisticada red que vendió más de 100 mil facturas falsas, generando operaciones comerciales de 3.308 proveedores inexistentes. Para ello usó 16 sociedades pantalla, 37 casillas de correos y testaferros para cubrir sus pasos. De hecho se descubrieron 1.306 cadenas de e-mails con uno de sus cómplices que actuaba como nexo con los “clientes”. La acción legal incluye a dos de sus “compradores”, quienes provocaron un perjuicio fiscal por más de 1.700 millones de pesos. La información detallada por el organismo, es solo una parte de la investigación secreta que sustancia la Fiscalía Occidente, donde José Antonio Pavez Canessa, aparece como el jefe de una asociación ilícita que debió lavar los activos de sus ganancias, para darles apariencia de legalidad y así ocultar su origen. La historia y el libelo los revela CHV Noticias.
La Fiscalía Occidente mantiene abierta una investigación secreta en contra de José Antonio Pavez Canessa, quien defraudó al fisco en una suma superior a los 56 mil millones de pesos, usando una sofisticada red de venta de facturas falsas.
El monto se eleva por sobre los fraudes ocurridos tanto en el Ejército con la otrora Ley Reservada del Cobre, como también el de Carabineros, que en conjunto superarían los 40 mil millones de pesos. En suma, un nuevo récord en materia de delitos económicos.
La información consta en una querella interpuesta por el Servicio de Impuestos Internos (SII) ante el Primer Juzgado de Garantía de Santiago -que publica íntegramente CHV Noticias– donde el organismo detalla que Pavez Canessa utilizó 16 sociedades de papel, emitiendo más de 100 mil facturas ilegales, generando operaciones comerciales de 3.308 proveedores inexistentes, al menos entre los años tributarios 2016 a 2020.
Lea la querella del SII
En la indagatoria que sustancia el fiscal Eduardo Baeza, se estableció que Pavez Canessa operó “en todo el territorio nacional” con firmas “pantalla”, en las que aparecían como testaferros, personas que carecían de los medios económicos para integrar sociedades creadas con “ánimo de lucro” y destinadas a defraudar al Estado. Las diligencias están a cargo de la PDI.
Los e-mails
Dentro de las evidencias reveladas por el SII en el libelo, constan 1.360 cadenas de correos electrónicos que Pavez Canessa mantuvo con David Castro Mena, uno de sus cómplices. El trabajo de este último consistía en extraer información tributaria de las empresas irregulares, “que se encontraba contenida en las páginas web del Servicio de Impuestos Internos”.
Para evitar la trazabilidad y que el organismo lo detectara, creó al menos 37 casillas electrónicas. A través de ellas, sus “clientes” se ponían en contacto con Castro Mena para obtener los documentos y rebajar impuestos. También mantenían comunicación por WhatsApp.
De hecho, una parte de las “sociedades pantalla” aparecían domiciliadas en las comunas de Las Condes, Providencia y Vitacura. Previa consulta del SII, las alcaldías respectivas informaron que eran inexistentes.
La acción legal referida, imputa los mismos delitos a Christian Barriga Barriga y Ricardo Polanco Madariaga que a través de tres sociedades del rubro ingeniería y transporte, hicieron lo propio.
La maquinaria de estos dos últimos, según el SII, provocó un perjuicio estatal por más de 1.735 millones de pesos, cifra actualizada a enero de 2022.
Tipos penales
El criterio investigativo del fiscal Eduardo Baeza, dijeron fuentes que conocen el caso, apuntaría a que Pavez Canessa actuó como el cabecilla de una asociación ilícita. En otras palabras, una organización dedicada a la actividad delictiva con ánimo de lucro, donde este último era quien entregaba las órdenes.
Al mismo tiempo, se configura el delito de lavado de activos, ya que el dinero obtenido dolosamente, debió ser blanqueado en el mercado formal para crear una apariencia de legalidad y así ocultar su origen. Se suma la falsificación de documentos públicos.
La pluralidad de delitos implica penas de cárcel.
Un caso de sobra conocido donde se aplicaron tipos penales similares, fue durante la formalización de los dueños del holding Penta, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano, en 2015.
