En la más estricta reserva se han realizado una serie de diligencias, luego que uno de los descendientes del Húsar de la Muerte denunciara ante la PDI, las dudas que guardan “como familia” respecto a la identidad de las osamentas que hoy descansan en el Cementerio General. Entre las pesquisas destacan ubicar y determinar el estado de los cadáveres tanto de los padres y hermanos del patriota, la reconstrucción de su árbol genealógico y solicitudes al Servicio Médico Legal y al Archivo Nacional. En la resolución que dictó el magistrado se lee que el guerrillero fue objeto de una “desaparición forzada (...) que fueron antecedentes de su secuestro, desconociendo a la época su paradero”. Una posible exhumación no está descartada.
El juez (s) del 34º Juzgado del Crimen de Santiago, Álvaro Arriagada, abrió una investigación -hasta ahora secreta- para verificar si las osamentas del prócer Manuel Rodríguez Erdoiza, son las sepultadas en el Cementerio General, de acuerdo a la información obtenida por CHV Noticias.
La decisión del magistrado se basó en la denuncia interpuesta por Juan Esteban Rodríguez Cruz, descendiente -en séptima generación- del héroe nacional, asesinado en la localidad de Til Til el 26 de mayo de 1818. Sus dichos quedaron estampados en una declaración que prestó el pasado 31 de agosto entre las 12.10 y las 14.00 pm ante la PDI, en Talca.
En ella Rodríguez Cruz manifestó la incertidumbre que mantienen “como familia” de que los restos enterrados en el camposanto sean los de su pariente, solicitando que mediante una indagatoria se llegue a “una verdad histórica”.
En los antecedentes presentados por funcionarios policiales al magistrado, el 3 de septiembre de 2021, el denunciante agregó: “Esta investigación permitiría tener una certeza familiar y tal vez con esto contribuir a entregar mayores insumos de conocimiento a la historia de nuestro país, dado que por mucho tiempo no se ha confirmado y/o desvirtuado, dónde su ubican los restos de Manuel Rodríguez”.
Con los datos en mano, el juez dictó la primera resolución del expediente fechada el 8 de septiembre del mismo año, apuntando a la “desaparición forzada (...) que fueron antecedentes de su secuestro, desconociendo a la época su paradero”.
Como no se trata de una investigación tradicional, sino de carga histórica, el magistrado Arriagada invocó el llamado principio de “inexcusabilidad” contenido en el Código Orgánico de Tribunales para justificar su resolución.
“Reclamada su intervención (...) (los tribunales) no podrán excusarse de ejercer su autoridad ni aún por falta de ley que resuelva la contienda sometida a su decisión”, se lee en el cuerpo legal que rige a la magistratura.
En el proceso se han dictado una serie de diligencias, las que han estado a cargo de la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural (Bidema) de la PDI, pero decretadas por el juez interino Edgardo Gutiérrez.
Entre otras pesquisas, el letrado ordenó ubicar, fijar y establecer la conservación de los restos del padre del guerrillero, Carlos Rodríguez de Herrera y Zeballo, sepultados en el convento de Santo Domingo en La Serena, Región de Coquimbo. También los de su madre, María Loreto de Aguirre y Erdoiza, y sus hermanos Carlos y Ambrosio. A renglón seguido, hacer lo propio en la comuna de Til Til, donde sus habitantes aseguran que están las verdaderas osamentas del patriota. También se solicitó información al Servicio Médico Legal.
De igual forma, dictaminó que la PDI reconstruya el árbol genealógico y la línea sanguínea de los parientes en vida de Manuel Rodríguez Erdoíza.
Datos obtenidos por este medio revelan que el magistrado Gutiérrez podría apuntar a una eventual exhumación del Húsar de la Muerte y su familia fallecida con el fin de realizar un cruce de ADN.
Al mismo tiempo, el juez solicitó al Ministerio Público la copia de una carpeta de investigación a raíz de la denuncia interpuesta en 2017 por el ex jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI, Gilberto Loch. Por años, este último ha buscado aclarar el mito que pesa sobre el destino del cadáver de uno de los padres de la patria.
En su oportunidad la Fiscalía Centro Norte descartó investigar, porque los hechos, a juicio del organismo, estaban prescritos.
Contraloría
No es la primera vez que se intenta establecer por la vía legal y científica la reidentificación de las osamentas.
En 2007 el patólogo José Beletti, la antropóloga Mariana Rosemblatt, ambos con especialidad forense, solicitaron a la Seremi de Salud Metropolitana la exhumación. En la oportunidad fueron patrocinados por el abogado Juan Pablo Buonocore, autor del libro “Manuel Rodríguez, mártir de la democracia”.
La autoridad consultó a la Contraloría General de la República (CGR), organismo que confirmó la negativa de la autoridad sanitaria para realizar el desentierro.
En 2008, Jaime Jansana Medina, quien aseguró ser descendiente, insistió ante la CGR en el mismo sentido, con miras a que reconsiderara el criterio administrativo. No tuvo suerte.
Lea los dictámenes:
Desde que Manuel Rodríguez fue asesinado en Til Til, han transcurrido 202 años. Si las pesquisas comprueban las sospechas familiares, el contenido de los libros de historia de Chile cambiará para siempre.
El peso de la noche
En 2005, mientras se realizaban trabajos en la Catedral de Santiago, fue hallado un cadáver y durante días se especuló de quién podría tratarse. Sin embargo, entre historiadores y los orificios de bala en los huesos, se alzó una primera hipótesis: era el ex ministro Diego Portales.
Asesinado el 6 de junio de 1837 por militares en los cerros de Valparaíso y ad-portas de la guerra contra la Confederación Perú-boliviana, los restos hallados en la primera iglesia nacional fueron enviados al Hospital de la Universidad de Chile, donde se confirmó su identidad.
En 2006 finalmente fue trasladado a su cripta definitiva en el mismo centro religioso, donde yace hasta hoy. Le persigue una metáfora política conocida como “el peso de la noche”.
10/07/2022
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