Por Bruno Delgado

Por 11 votos contra uno fue aprobado en la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de Coquimbo el proyecto minero portuario Dominga, iniciativa de la empresa Andes Iron que ha levantado diversas manifestaciones tanto por residentes de la zona como en otras regiones, quienes ven con preocupación el avance.

Este proyecto ha encendido las alarmas en la comunidad y en gran parte del país debido a que, advierten, sería un peligro para el medio ambiente y el ecosistema, mientras que desde la firma expresan que cumplen con toda la normativa legal, se han adoptado precauciones y contempla una inversión de US $2.500 millones.

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Sin embargo, una vez se dio a conocer la resolución de la Coeva durante la jornada del miércoles, en redes sociales el hashtag #NoADominga se posicionó como trending topic, incluso desde las horas previas había sido uno de los temas más comentados. En tanto, en las calles se registraron protestas en Santiago, Valparaíso, La Serena y también en Coquimbo, a modo de rechazo al proyecto que ahora deberá pasar al Comité de Ministros para su evaluación.

Actualmente este proyecto se encuentra judicializado, ya que existe un recurso de casación en la Corte Suprema presentado por pescadores y organizaciones medioambientales para invalidar la sentencia del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta que dio pie a la votación realizada el miércoles, ya que había sido rechazo en 2017 por dos instancias. Pero, ¿en qué consiste el proyecto?

Qué contempla el proyecto

De acuerdo a Andes Iron, la planta -con cuya construcción prometen generar 10 mil empleos directos y 1.500 una vez operando- se ubicaría a 16 kilómetros al norponiente de la comuna La Higuera (cerca de El Trapiche), mismo sector donde se encuentra el yacimiento y cuya operación consistirá en dos rajos a cielo abierto, un depósito de estéril y el depósito de relaves espesados.

Según la planificación documentada por la propia empresa, Dominga estaría conectada con el terminal de embarque en el borde costero a través de tres ductos subterráneos de 26 kilómetros, lo que llevarán tanto agua como hierro por sus canales. Todo, con una proyección de 22 años de operación.

«Ellos dicen que está en una zona desértica, pero el proyecto contempla tres áreas de emplazamiento. Los rajos abiertos estarían cerca de 30 kilómetros de la Reserva del Pingüino de Humboldt, pero lo que no dicen es que uno de los dos rajos se haría sobre el acuífero milenario de Los Choros, ahí hay una afectación gravísima y ellos lo que proponen es sacar el agua, succionar el agua y reinyectarla varios kilómetros», cuestionó Nancy Duman, cofundadora de la Alianza Humboldt Coquimbo-Atacama, en conversación con CHV Noticias.

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Por su parte, el terminal de embarque estará ubicado en Totoralillo Norte, sector donde se levantarían las instalaciones destinadas al acopio, filtrado y embarque del concentrado de hierro. Todo, mediante un sistema de correas transportadoras cerradas y cargadores móviles que tendrían por objetivo, dicen evitar eventuales fugas de material.

Al respecto, Diego Lillo, director de la Clínica de Justicia Ambiental de la Facultad de Derecho UDP, calificó esto como «un proyecto que está sumamente mal evaluado», porque «adolece de una falta de información esencial que es sumamente grave considerando el sitio donde está emplazado, no sólo lo evidente del impacto sobre la reserva marítima, si no también sobre la biodiversidad que habita en la tierra».

«Conscientes de la escasez de agua en la zona, contaremos con una planta desalinizadora que nos permitirá operar con agua de mar en todos nuestros procesos, además de entregar 5 litros por segundo de agua desalinizada a la Comuna de La Higuera», detallan en la planificación de la empresa.

Todo lo anterior, con el propósito de extraer 12 millones de toneladas anuales de concentrado de hierro de Alta Ley y 150 mil toneladas al año de concentrado de cobre.

Archipiélago de Humboldt

Uno de los puntos críticos que plantean los detractores de Dominga, es la cercanía de la planta con el conjunto de ocho islas e islotes del Archipiélago Humboldt, específicamente con la Reserva Nacional del Pingüino de Humboldt, el que podría verse afectado con la instalación de la iniciativa y poner en riesgo la vida que allí habita.

Al respecto, en el proyecto detallan que se ubicarán a 30 kilómetros lineales de la reserva y si bien estiman un tránsito de 56 embarcaciones vinculadas a Dominga, éstas cruzarían a 18 km/h y a 20 km. de distancia.

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La empresa dice manifestar «un profundo compromiso con el entorno», por lo que trabajan en una propuesta «que proporcione conocimiento científico de las condiciones actuales y futuras de la biodiversidad marina y de esa manera ajustar todas nuestras operaciones y las de cualquier empresa, en función de la preservación del medioambiente«.

«Este es un ecosistema con reconocido por la ciencia y también mundialmente como uno de los más importantes para la conservación de la biodiversidad«, advirtió Duman. Esto fue un punto clave que llevó al rechazo de 2017, ya que en su momento se argumentaron deficiencias en el análisis de impacto e influencia que tendría en el ecosistema.

Rechazo en 2017 y próximos pasos

En marzo del 2017, tras un informe del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), el Coeva de Coquimbo rechazó el proyecto, por lo que Andes Iron apeló a la decisión y pasó al Comité de Ministros de la administración de la ex presidenta Michelle Bachelet, donde también se votó en contra.

Para Duman, que Dominga esta vez sí haya recibido la aprobación en la instancia, «es una incongruencia y una falta que se está cometiendo, una irresponsabilidad gravísima», ya que el proyecto sería el mismo que ya fue rechazado: «El Comité de Ministros ratifica el rechazo y desde ahí a la fecha no ha sufrido modificaciones«.

Por lo que, concluyó, «debe ser rechazado porque es un proyecto que impactaría el archipiélago de Humboldt, toda la zona marina, incluyendo la Reserva Choros y Damas, la Reserva Islas Chañaral y la Reserva del Pingüino de Humboldt, es decir, dos zonas marinas y una terrestre».

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Por su parte, Lillo -miembro del equipo de la ONG FIMA- añadió que «es exactamente el mismo proyecto que se rechazó en 2017, no ha habido una nueva información para subsanar los vicios por lo que fue rechazado».

Finalmente, el abogado medioambientalista adelantó cuáles son los pasos que podrían venir: «Ahora va salir la resolución de calificación ambiental que va a aprobar el proyecto, esa resolución tenemos derecho a reclamarla ante el Comité de Ministros, luego decidirá esta instancia y de ahí volveremos la tribunal ambiental».

Sin embargo, adelantó que «ese camino se puede economizar si la Corte Suprema se pronuncia favorablemente por las comunidades en el caso que ya está abierto».

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