Por Pedro Azocar

Hay un dicho que dice que “el tiempo todo lo sana”, pero no es verdad. Más bien ocurre lo contrario.

El drama lo testimonian en Chile quienes fueron víctima de violaciones a sus derechos humanos durante la dictadura en todos aquellos casos cuando el paso del tiempo consagra la impunidad del perpetrador.

Hubo crímenes que se cometieron entre 1973 y 1975, torturas, violaciones y abusos sexuales ejecutados por oficiales de las FF.AA. que en esa época tenían entre 25 y 30 años. Durante la dictadura no hubo juicios ni investigaciones por estos delitos y en la transición ocurrió un tira y afloja de competencias entre la justicia civil y militar que dilató los procesos, acotados además, a lo que ellos denominaron “los casos emblemáticos”, aludiendo a los crímenes más graves, algunos de los cuales llegaron a juicio. De los otros, ni hablar.

Fue recién en 2010 cuando se presentó la primera querella por tortura y abuso sexual por hechos acontecidos en 1974, es decir, 36 años después de los delitos. Si consideramos que él o los perpetradores los cometieron a la edad de 30 años, hoy ya son adultos mayores que superan los 70 y más, o peor aún, ya murieron y nunca llegaron a enfrentar a la justicia para pagar por sus crímenes.

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El caso del obispo Francisco José Cox Huneeus calzaría con esta lógica, ya que el prelado murió en la impunidad y sus víctimas cargarán con un dolor que no será atenuado por el paso del tiempo, sino que las horas, los días y los años lo harán más profundo, porque nunca pudieron ni podrán purgarlo a través de un poco de justicia.

Y si bien, el caso del obispo Cox calzaría con este tipo de impunidad derivada del paso de los años, hay un hecho insoslayable que permitió que esto ocurriera: el encubrimiento de la Iglesia chilena liderada por monseñor Francisco Javier Errázuriz, fue lo que posibilitó que Cox evadiera la justicia.

La caída de un intocable

En octubre de 2018, el Papa Francisco le quitó el estado clerical a quien, hasta ese entonces, ostentaba el pomposo título de arzobispo emérito de La Serena. El Vaticano argumentó que la medida se adoptó como consecuencia de actos manifiestos de abuso contra menores. Pasaron 16 años desde que se conocieron públicamente las primeras denuncias en su contra para que la Iglesia le quitara su condición de sacerdote.

Francisco José Cox salió de Chile en 2002 al amparo de monseñor Francisco Javier Errázuriz, quien debió reconocer que había incurrido en lo que definió como “conductas impropias” a raíz de denuncias periodísticas que pusieron en el tapete abusos de larga data.

El jefe de la Iglesia local aseguró que el obispo quedaría recluido en un monasterio en Alemania donde se dedicaría a “una vida de oración y penitencia”. De paso, pidió perdón a todos quienes pudieron resultar dañados por estas conductas. De justicia y reparación no dijo absolutamente nada. Mal que mal, Cox era su amigo.

Según versiones de prensa posteriores, el obispo Francisco José Cox comenzó a ser investigado a inicios de 2000 por el sacerdote Jaime Valencia, quién ejercía como rector del Seminario Mayor, Santo Cura de Ars, en La Serena.

Este sacerdote habría recogido testimonios de los abusos sexuales cometidos por quien fue obispo de esa ciudad hasta 1997. Su mecánica habría sido buscar niños de escasos recursos en las calles de La Serena y en el puerto de Coquimbo a quienes habría pagado a cambio de sus servicios sexuales.

Esta versión la corrobora el arzobispo de la Iglesia Ortodoxa, Alexandros Vladyka, quien aseguró que la investigación que realizó Valencia permitió elaborar una carpeta que contenía 47 denuncias de abuso sexual contra el obispo Cox, la que habría sido entregada a su sucesor en el Obispado de La Serena, Manuel Donoso.

Según Vladyka, muchos sabían de las escapadas de Cox a diferentes horas del día y la noche en busca de niños. El prelado asegura que la carpeta con las denuncias la entregó el cura Jaime Valencia al obispo Donoso y que este no habría hecho nada con los antecedentes más que ocultarlos.

Esta versión concuerda en parte con la que entregó posteriormente Hernán González, quien ejerció como secretario personal de Valencia. No sólo confirma la investigación contra Cox, además asegura que el sacerdote Jaime Valencia quedó muy afectado al conocer los testimonios de quienes denunciaban ser sus víctimas, más aún cuando observó que todo su trabajo quedó en nada.

Según González, la iglesia aisló completamente a este cura hasta su muerte en diciembre de 2018. Falleció dos meses después que el Vaticano expulsara del sacerdocio al obispo Cox. Al menos tuvo ese consuelo.

Una vez que el Papa Francisco le quitó el estado clerical a Cox, este regresó a Chile para enfrentar a la justicia. Llegó en febrero de 2019 arrastrando una nueva denuncia de abuso sexual en su contra, esta vez desde Alemania, donde se inició una investigación canónica por “conductas impropias” en las que habría incurrido contra un joven de 17 años en 2004, mientras se encontraba dedicado a “una vida de oración y penitencia” en la sede de la Congregación de los Padres de Schoenstatt, en las cercanías de Frankfurt.

La mirada de las víctimas

Uno de los primeros en denunciar los abusos del obispo fue Hernán Godoy, quién en 2002 entregó su testimonio ante la iglesia en La Serena y en 2008 inició acciones legales contra Francisco José Cox.

La Iglesia es una jaula de muchos cerdos, como hay curas buenos, estos curas que abusan de menores son verdaderos delincuentes, sicópatas sexuales, yo no puedo decir otra cosa. La iglesia en sí es responsable de todos los encubrimientos, no hablo sólo por mi caso, yo hablé el 2002 y me trajo consecuencias, pero terribles, perdí el trabajo, me molestaban por la calle, me llegaban amenazas a la casa. Un montón de cosas que yo quisiera no recordar”, nos dice hoy aún muy golpeado emocionalmente, tras saber de la muerte de su abusador.

La abogada Josefina Gutiérrez es quien representa a las víctimas del fallecido sacerdote y reconoce que la justicia está en deuda: “Lamentablemente, en estos casos se mantiene una sensación de impunidad porque las investigaciones llegan tarde y porque las leyes reconocen grados de prescripción que son muy escuetos y no se adecuan con la realidad. Sin embargo, lo que nos interesa en realidad es que a través de la investigación se establezca por lo menos la verdad histórica de lo que ocurrió”.

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El caso de Cox, por la fecha en que ocurrieron los delitos denunciados, quedó radicado en el sistema judicial antiguo, por lo que el proceso operó con mucha lentitud. Ni siquiera los denunciantes tuvieron la oportunidad de carearse con el acusado, lo cual sumó más frustración entre las víctimas.

Hubiésemos querido que se le hubiera condenado en vida a Cox, que hubiese sido encontrado culpable. Hubiésemos querido ver a Cox en el careo de diciembre del año pasado. Teníamos muchas ganas de todo eso, de poder ver a Cox a la cara y poder decirle todo lo que llevamos dentro, hubiese sido en parte una gran reparación”, reconoce Godoy, quién confiesa que el obispo fallecido se llevó con él una parte de su vida y que lloró al conocer la noticia de su deceso, al escuchar las palabras de quienes lo apoyaron en su cruzada por la justicia.

“Yo no me alegro de la muerte de Cox, no podría como persona alegrarme de la muerte de él, pero en realidad te quedas con esa sensación de tristeza. La batalla aún no termina, se fue Cox, pero el tema con la justicia sigue”, anticipa, cuestión que corrobora la abogada que lo representa.

Tras la pista de Francisco Javier Errázuriz

El punto ahora es establecer las complicidades de quienes actuaron como encubridores de los delitos. Ahí es clave el documento que publicó la Conferencia Episcopal en 2002, cuando informó del alejamiento de Francisco José Cox de la vida sacerdotal.

“Cuando la Iglesia toma conocimiento de los hechos de este caso en el año 2002, según lo acredita un documento que emitió la Conferencia Episcopal de Chile en ese minuto, decide sacarlo del país en vez de hacer lo que corresponde en este caso, que es presentar los antecedentes a las autoridades correspondientes”, dice la abogada Gutiérrez.

A eso, agrega que “en términos prácticos y concretos, Francisco Javier Errázuriz es una de las personas que firma este documento (…), por lo tanto, en virtud de la firma del señor Errázuriz (…) hay antecedentes que nos permiten señalar que él estuvo en conocimiento de estos hechos”.

Respecto del obispo, Manuel Donoso, quien reemplazó a Cox en el Obispado de La Serena y habría tenido conocimiento de los abusos, Hernán Godoy señala que este siempre le prestó apoyo y que lo impulsó a llegar hasta el final con su denuncia.

Él es la única persona de la Iglesia, y lo digo abiertamente, que me ha apoyado. Es la única persona que me ha tirado para adelante, que me dice que tengo que llegar hasta el final con el tema Cox. Yo no puedo decir ‘claro, él recibió esas carpetas, no lo supimos nunca’. En el momento que se denunció lo de las carpetas, él me llamó y reconoce que fueron como 10 personas donde él a denunciar a Cox, pero independiente de ello, como sacerdote es en el único en quien yo creo, porque él me ha apoyado y guiado y estuvo junto a mí y mi familia dándonos el respaldo que necesitábamos”, aclara.

Francisco José Cox es sólo uno más entre los innumerables sacerdotes denunciados por abusos sexuales que evaden la justicia al alero de la Iglesia Católica. Quedará tal vez la verdad jurídica que podrán establecer los tribunales de justicia como consuelo para sus víctimas, pero la sensación de impunidad seguirá presente en ellos por el resto de sus vidas.

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