Por Pedro Azocar

Fotos negras en Instagram y Facebook o consignas del tipo “rechazo toda forma de racismo y discriminación” en Twitter. Muchos también replicaron el dramático I can’t breath (no puedo respirar) que reiteró hasta su muerte el afroamericano mientras era asfixiado por el policía Derek Chauvin, que aplastó con su rodilla el cuello de Floyd contra la acera durante casi nueve minutos, en una calle del vecindario de Powderhorn, ubicado a unos seis kilómetros del centro de la ciudad.

Rechazar este crimen era lo correcto, la brutalidad policíaca es condenable en todo contexto y el racismo contra quien sea también lo es. Expresar este rechazo públicamente también era lo correcto, lo políticamente correcto dadas las circunstancias.

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La causa antirracista es transversal en Chile, sobre todo cuando se trata de afroamericanos estadounidenses. Algunos en Twitter destacaron este punto y evidenciaron la doble moral de muchos de los manifestantes virtuales locales que, cuando se trata de haitianos residentes en nuestro país, los estigmatizan por ser pobres “muertos de hambre”, transmisores de enfermedades contagiosas, cochinos y sucios e incluso se refieren a ellos como negros culiaos.

De hecho, muchos afirman hoy día “que son los inmigrantes quienes no respetan la cuarentena y propagan la pandemia”, culpándolos de las altas cifras de contagios que hay en el país. En esta última teoría conspirativa entran venezolanos, peruanos, colombianos, bolivianos, ecuatorianos, todos los asiáticos y -por supuesto- los haitianos, como siempre. Curiosamente, están fuera los europeos, continente del que probablemente viajó el coronavirus hasta Chile.

El antirracismo local es muy activo para condenar la discriminación en otros países, pero ciego dentro de nuestras propias fronteras. Basta ver lo que ocurre a los mapuche.

Los invisibles de siempre

María Andrea Colín Neculpán tenía tres meses de embarazo. Su casa está en la comunidad mapuche We Newen (We: nuevo; Newen: energía) y colinda con la Ruta 5 Sur, en la entrada norte de la ciudad de Collipullli, Región de la Araucanía.

La comunidad limita con el casco urbano de la ciudad, se ubica a un costado de la población Pablo Neruda y no tiene antecedentes de ser muy activa en el conflicto que sostienen los mapuche con las forestales y el Estado chileno en la región. Esto, al menos, hasta el pasado 13 de mayo, cuando todo cambió abruptamente.

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Ese miércoles, efectivos de Fuerzas Especiales de Carabineros ingresaron a esta comunidad autónoma con carros lanza gases y blindados en apoyo a un contingente de infantería.

María Andrea Colín Neculpán, de 25 años, relata en su declaración ante el Instituto de Derechos Humanos (INDH) que buscó refugio en su vivienda junto a sus tres hijos: el mayor de diez años, una niña de cinco y el más pequeño de cuatro.

Dice que gritó a los carabineros advirtiendo su embarazo, que les dijo que estaba junto a niños pequeños. Agrega que no atendieron sus súplicas y que lanzaron bombas lacrimógenas al interior de su casa, por lo que producto de la asfixia casi perdió el conocimiento. Sus hijos quedaron muy afectados y llenos de miedo.

María Andrea Colín Neculpán, de 25 años, denuncia que perdió al bebé que estaba en su vientre a los pocos días de este incidente con carabineros y luego rompe a llorar, los culpa de haberle causado el aborto.

Fueron nueve días de hostigamientos permanentes sobre esa comunidad. María Andrea Colín Neculpán ahora también es viuda. Su esposo fue asesinado de un balazo.

Ella era la pareja del werkén Alejandro Treuquil, muerto a tiros por desconocidos el pasado 4 de junio, luego que éste denunciara ante el Instituto de Derechos Humanos (INDH), los abusos cometidos por agentes del Estado contra su comunidad, que habrían derivado en el aborto del que también era su hijo.

Las denuncias contra Carabineros

Federico Aguirre, jefe del INDH en la región, recibió un llamado telefónico del werkén Alejandro Treuquil al día siguiente del aborto que sufrió María Andrea, su esposa y madre de los tres hijos concebidos por la pareja durante los 13 años que estuvieron juntos.

El 21 de mayo, Federico Aguirre, junto a otros funcionarios del INDH, visitó la comunidad We Newen y ahí recogió el testimonio de sus habitantes mapuche.

Confirmamos la veracidad del aborto que sufrió la señora del werkén y recibimos denuncias de al menos 16 personas afectadas por diversos tipos de lesiones, entre ellas, un niño de 15 años que recibió el impacto de un balín en una de sus manos”, señala Aguirre.

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Entre los lesionados por tiros de escopeta está el machi Alexander Nancucheo, quien recibió perdigones en la espalda, al igual que otras cuatro personas afectadas por este tipo de proyectiles. Según denuncian los comuneros y pudo corroborar el INDH, carabineros intentó quemar el “nguillatuwe” de la comunidad, el campo sagrado donde se realiza la ceremonia religiosa más importante de la cultura mapuche, la rogativa del Ngillatún.

Federico Aguirre dice que constataron en terreno los daños causados por la fuerza pública a bienes inmuebles y a otros de carácter colectivo y comunitario. Con todos estos antecedentes, más el testimonio de los heridos y fotos del lugar, comenzaron a trabajar en la presentación de un recurso de amparo en favor de los afectados. También verificaron la detención irregular de un miembro de la comunidad.

Recuerdo que el miércoles hablé con el werkén Alejandro Treuquil y quedamos de reunirnos el sábado en la comunidad para complementar con mayores antecedentes el recurso que presentaríamos, para incorporarlos al amparo. Pero esa reunión nunca se concretó porque él fue asesinado el jueves 4 de junio en la tarde”, relata Aguirre.

La previa del crimen

Desde hace siete años que la comunidad We Newen mantiene una ocupación pacífica en un predio que hoy es propiedad de la empresa de distribución eléctrica Frontel, del grupo Saesa. El lugar figura como parte del territorio de un título de merced a nombre de Antonio Panitrú.

La comunidad alberga 63 hogares mapuche, donde viven 53 niños y niñas. Cuatro mujeres están embarazadas y todos han sufrido los efectos de una prolongada represión policial.

Toda esta región, además, está bajo vigilancia militar luego del despliegue realizado por las FF.AA. en el contexto de la crisis sanitaria derivada de la pandemia de coronavirus. Durante el trayecto por la Ruta 5 Sur, que cubre el tramo entre Victoria y Mininco hacia el norte, los puentes y accesos a las ciudades están controlados por efectivos del ejército, que a veces también vigilan junto a carabineros.

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El pasado 13 de mayo diversas comunidades de la zona intentaron visitar, en la ciudad de Angol, a los presos mapuche que ya cumplen más de 43 días en huelga de hambre. Como la comuna está en cuarentena, carabineros no permitió el paso, lo que a posteriori habría derivado en incidentes en la Ruta 5 Sur. Esto sería lo que generó la intervención policial en la comunidad We Newen, dicen algunos. Según el informe del INDH, las irrupciones policiales y amedrentamientos más intensos habrían ocurrido entre el 13 y el 20 de mayo.

Alejandro Treuquil denunció públicamente estos abusos y, como werkén responsable de su comunidad, fue quién encaró muchas veces a carabineros. El 19 de mayo dio una entrevista a Radio Universidad de Chile donde denunció el hostigamiento que sufrían y contó que un funcionario le disparó sin provocación alguna y que un balín de escopeta le impactó en la cabeza. Dijo que los carabineros los insultaban usando los altoparlantes de sus carros.

“Los vamos a matar, hijos de la perra, indios culiaos…van a caer uno a uno”, aseguró que les gritaban.

La madrugada de ese mismo día, unos 15 funcionarios policiales de civil y uniforme ingresaron por la fuerza a la casa que Juan Llanca y su esposa, Yovisna Mardones, comparten en la comunidad We Newen. Ambos dormían y despertaron sobresaltados cuando los efectivos rompieron la puerta de acceso a la vivienda. Tenían una orden de registro.

A él lo redujeron semidesnudo en el suelo al costado de la cama, lo esposaron y tras permanecer unos 10 minutos destrozando algunos inmuebles, lo trasladaron hasta la comisaría de Collipulli. Más tarde lo dejaron en libertad sin indicarle cargo alguno ni pasarlo a control de detención. Su caso también es denunciado por el INDH, que da cuenta de una serie de irregularidades en el procedimiento.

El asesinato de Alejandro Treuquil

El 4 de junio por la tarde, Alejandro Treuquil salió de su casa y junto a otros tres comuneros se encaminó en busca de un caballo que se había perdido. Su viuda relata que tomaron once juntos, que él había estado ese día reparando un vehículo que pensaba usar para visitar a los presos mapuche en huelga de hambre. Al salir, relata la mujer, Treuquil le dijo que regresaría de inmediato.

A los 20 minutos se escucharon cuatro balazos en las inmediaciones de la comunidad. Al poco rato le avisaron que desconocidos habían emboscado al grupo de Alejandro, que tres habían regresado, pero que a él no lo encontraban.

Ella salió a buscarlo con algunos vecinos, pero fueron otros miembros de la comunidad quienes lo ubicaron, estaba herido de gravedad, con un tiro en el cuello. Lo trasladaron al Hospital de Collipulli, donde finalmente perdió la vida. Tenía 37 años.

La indiferencia

María Andrea Colín Neculpán sufrió la pérdida de un hijo en gestación y la muerte de su pareja, en un contexto donde la represión de agentes del Estado sobre una comunidad mapuche opera sin contrapeso.

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El 10 de junio, seis días después del asesinato de Treuquil, el INDH interpuso un recurso de amparo en favor da la comunidad. La acción fue presentada ante la Corte de Apelaciones de Temuco en contra de la IX Zona Araucanía de Carabineros, a cargo del general Carlos González Gallegos.

En el recurso se consigna la muerte de Treuquil a manos de desconocidos: “…falleció el día 4 de junio de 2020 producto de un impacto balístico que recibió en el cuello (…). Es preciso indicar que el werkén estuvo presente en la observación realizada por funcionarios del INDH el día 21 de mayo del presente año, produciéndose posteriormente su muerte, en circunstancias en que se encontraba pendiente una reunión entre él y el jefe de la sede regional del INDH, a fin de aportar mayores antecedentes relacionados con los hechos en materia del presente recurso”, dice textual el documento.

El jefe regional de la entidad, Federico Aguirre, señala que ellos “no cuentan con información ni antecedentes concretos que permitan establecer la participación de agentes del Estado en el asesinato de Alejandro Treuquil”, pero también indica que entiende que “hay una duda legítima instalada en la comunidad y la viuda respecto a la participación funcionarios policiales en ese crimen”. Esta duda deberá ser zanjada por la investigación en curso.

El caso, calificado de homicidio, está en manos de la PDI y del fiscal Carlos Cornejo. De los tres acompañantes de Treuquíl, dos resultaron con lesiones menores y el tercero recibió un balazo en el hombro. Tienen 19, 18 y 14 años. El ataque ocurrió en una cancha para carreras de motos colindante con la comunidad y con la población Pablo Neruda, en las afueras de Collipulli.

También se interpuso una denuncia criminal ante el Ministerio Público por la interrupción del embarazo que afectó a María Andrea Colín Neculpán, su viuda.

El INDH observa con preocupación un incremento de la violencia en toda la zona mapuche en el contexto de la pandemia. Violencia tanto contra las forestales y agricultores por parte de grupos organizados, como también por parte de agentes del Estado contra las comunidades. Aseguran que este nivel de violencia no se vio siquiera durante el estallido social de octubre de 2019.

El asesinato de Alejandro Treuquíl causó poco impacto en Chile. Llamó la atención en Twitter, pero no fue tema masivo en redes sociales al nivel de George Floyd. Sólo algunos grupos ligados al movimiento mapuche y medios independientes dieron una cobertura más acabada sobre este crimen, que se suma a la larga lista que integran Camilo Catrillanca, Alex Lemún, José Huenante, Matías Catrileo, Jaime y Víctor Mendoza Collío, Edmundo Lemunao y Juan Collihuín, entre tantos otros.

No hubo campañas o protestas masivas en las calles. Ni una sola portada en los diarios. Sólo la viuda de Treuquil habló con medios alternativos en los que contó que carabineros amenazó de muerte a su marido un día antes. Dijo, además, que no descansará hasta que haya justicia.

La bancada de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados emplazó al gobierno a los seis días del crimen. Su presidenta Emilia Nuyado, de ascendencia mapuche, apuntó directamente al ministro del interior, Gonzalo Blumel, para que transparente la investigación que se realiza en el contexto de la desconfianza que generan los precedentes que dejaron los caso Catrillanca y Operación Huracán.

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Activismo virtual y de cartón

Los chilenos somos buenos activistas de redes sociales con causas que promueven conceptos como el rechazo al racismo en otros países y solo reducido a la discriminación por el color de la piel.

A nivel local despreciamos a los otros, nos creemos más blancos y menos sucios que el resto de los latinos. Esto, según la encuesta que el INDH publicó en 2018:

“La población considera que en general los pueblos originarios no se caracterizan por ser personas trabajadoras (63,1%), ni agradables (71,7%), ni humildes (65,7%), ni educadas (73,4%), ni solidarias (69,3%); y que parte de sus integrantes tienden a ser violentos (81,6%), rebeldes (82,9%), flojos (69,1%), extraños (65,2%) y desagradables (67,4%)”. La mayoría de los chilenos desconoce su mestizaje mapuche, se avergüenza al punto que “indio” es todavía un insulto, mal que mal “somos los ingleses de américa latina”, nos dicen desde chicos”.

Tras conocer los detalles que rodearon el asesinato de Alejandro Treuquil, me pregunto qué hubiera ocurrido en Chile si la policía blanca de Estados Unidos entra con violencia a una comunidad afroamericana en Harlem, dispara con escopetas hiriendo a las personas negras y lanza bombas lacrimógenas a las casas de las mujeres negras embarazadas, una de las cuales pierde a su bebé negro por esta causa.

¿Qué hubiera pasado si después unos desconocidos hubieran emboscado y asesinado al esposo negro de esta mujer negra, que había denunciado los abusos policiales de los blancos contra los negros ante los medios y el mundo?

Pienso que quizás ahí, esa violencia hubiera logrado ser tendencia más allá del Twitter local de los chilenos, de sus Instagram y Facebook, con fotos negras y célebres frases antirracistas y quizás, la portada de algún medio masivo habría puesto en su titular Mapuche Lives Matter. O algo así.

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