Por Alicia Ruz

“Las plataformas de servicios digitales han sido capaces de crear contenidos culturales, aportar servicios de utilidad pública, ser fuente activa de información, de conexión y un potente motor del mercado. Pero también, una fuente de flagrantes vulneraciones a los derechos de las personas. Hoy en día, no es posible dejar que las plataformas se autorregulen, pues este control ha demostrado ser ineficiente. Es necesario que el Estado juegue un rol activo en estos medios tan incidentes en la ciudadanía y que cumpla su rol de garante del Estado de Derecho y de la protección de los derechos fundamentales”.

Con esas palabras, los senadores Guido Girardi (PPD), Carolina Goic (DC), Francisco Chahuán (RN), Juan Antonio Coloma (UDI) y Alfonso de Urresti (PS) describieron sus motivos para generar un marco legislativo que regule las plataformas digitales. 

Foto: Senado

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Para nadie es un secreto que internet, las aplicaciones y redes sociales, se han convertido en herramientas fundamentales para la sociedad. Ya sea para la entretención, el trabajo o los estudios, la era digital está cada vez más presente en nuestras vidas. 

Al respecto, en conversación con CHV Noticias, el senador Girardi explicó que el objetivo es “que las garantías, derechos y responsabilidades que tenemos en el mundo real se establezcan en el mundo virtual”. 

En ese sentido, el parlamentario expuso que los seres humanos vamos a habitar cada vez más el mundo virtual, incluso más que el mundo real: “¿Vamos a mantener el mundo virtual como un espacio sin ninguna regulación, sin sociedad, como la ley de la selva? Es una pregunta ética, porque un mundo sin regulación es la ley de la selva, es el ultra plus del neoliberalismo”. 

Proyecto de regulación de plataformas digitales:

Ante este escenario, desde distintas organizaciones advirtieron que el proyecto “busca consagrar inapropiadamente el derecho de libertad de expresión digital”. La misiva la firmaron:

  • Internet Society Capítulo Chile
  • Observatorio del Derecho a la Comunicación
  • Fundación Datos Protegidos
  • ONG Derechos Digitales
  • Centros de Estudios de Derecho Informático de la Universidad de Chile
  • Colegio de Periodistas de Chile
  • Fundación Saber Futuro

En tanto, el relator de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca, se ofreció para brindar acompañamiento técnico a la discusión parlamentaria.

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Asimismo, Global Network Initiative, organización que busca prevenir la censura de internet y proteger los derechos individuales de la privacidad en el ciberespacio, manifestó su preocupación ante el proyecto chileno. “Parece ser un proceso apresurado”, indicaron.

¿Sobrerregulación?

Michelle Bordachar, abogada experta en ciberseguridad y analista de políticas públicas de la ONG Derechos Digitales, conversó con CHV Noticias y explicó que el proyecto presentado por los senadores nacionales “es un tema profundamente complejo que se lleva discutiendo los últimos 15 años en Europa y Estados Unidos. Muchas de las soluciones, o aparentes soluciones, que han demostrado fracasar son propuestas en este proyecto. Esto me hace pensar que la iniciativa no tuvo un análisis profundo del fenómeno”. 

La analista de políticas públicas de Derechos Digitales aseguró que hacer responsables a las plataformas por lo que publican los usuarios impulsa la censura previa: “Ante la duda, es mejor bajar contenido que pueda ser catalogado como injurioso para no arriesgar sanciones. Las plataformas no tienen a un montón de personas viendo lo que postea la gente, ocupan Inteligencia Artificial (IA), la cual no entiende contexto. Entonces, si yo le escribo a una amiga en Twitter: ‘oye, gordita. ¿Vamos a comer hoy?’, lo más probable es que me censuren por discriminación. Si escribo: ‘oye, negra. ¿Cómo te fue en la prueba?’, me censuren por racista. La IA no entiende contexto”.

“Es un tema profundamente complejo que requiere de una discusión entre varios actores. Si los mejores expertos en el mundo no han logrado resolver el tema, difícilmente se logrará mediante un proyecto redactado por un grupo de abogados a puertas cerradas, sin un proceso participativo que responda a las complejidades del asunto”, ratificó.

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Foto: Pixabay

En la misma línea Patricia Peña Miranda, periodista y académica de la Universidad de Chile, integrante de Internet Society, especializada en la investigación de nuevas tecnologías de información y comunicación (TICs), redes sociales, medios ciudadanos y web social, comentó a CHV Noticias que en internet hay distintos tipos de servicios y plataformas, por lo cual, no es lo mismo hablar de Facebook, Twitter o Google, que de la página web de un medio de comunicación independiente comunitario o el blog de un centro cultural.

“En el origen de este proyecto de ley faltó identificar qué tipo de regulación se quiere proponer. No queremos que las plataformas grandes sigan la autorregulación, pero tampoco podemos sobrerregular. Los límites que pueden existir en internet van a impactar derechamente en el ejercicio de otros intereses humanos”, sostuvo.

Para Peña Miranda, “puede existir una buena intención tras el proyecto, pero aborda de una manera muy amplia distintos temas y hay que tener mucho cuidado con los conceptos. Tal como está redactado, es bien complicado entender el fondo del proyecto de ley. ¿Realmente cumple su objetivo de regular situaciones que se consideran riesgosas?”. 

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Según la experta, la moción parlamentaria:

  • Aborda de manera poco precisa y confusa la especificación de las plataformas digitales
  • Hace una distinción del derecho a la libertad de expresión digital
  • Un montón de documentación, experiencias y estudios nos advierten que hay dificultad jurídica de lo que entendemos como información netamente falsa
  • El proyecto crea incentivos riesgosos en relación a la eliminación de contenido
  • No existe una institucionalidad que maneje las aristas de temas que el proyecto de ley busca abordar

Derecho al olvido (o el lujo a desindexar)

Uno de los puntos propuestos por Girardi, Goic, Chahuán, Coloma y De Urresti es el derecho al olvido. Desde Derechos Digitales detallaron que el derecho al olvido (o derecho de supresión) es aquel por el que los ciudadanos pueden solicitar que sus datos personales sean suprimidos cuando no existe una base de legitimidad para mantenerlos.

Ese derecho ya está contemplado en la actual ley 19.628. El proyecto de los senadores, aclaró Bordachar, “apuntan más al derecho a solicitar, bajo ciertas condiciones, que los enlaces a tus datos personales no figuren en los resultados de una búsqueda en internet realizada por tu nombre”. Es decir, tiene por objetivo desindexar cierto tipo de contenido asociado a una persona en los buscadores, por ejemplo, Google.

¿Quién lo ocupa? “Políticos que quieren que bajen las noticias de casos de corrupción. En Chile la han usado abusadores sexuales para borrar las noticias con su nombre, sobre su caso y condena, en la indexación de Google. En la práctica, esto es súper peligroso”, afirmó Bordachar, experta de la ONG Derechos Digitales.

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Foto: Pixabay

¿La ley de la selva?

Girardi cree que “hay una asimetría gigantesca entre las responsabilidades y derechos que tienen los seres humanos en el mundo real y en el mundo virtual. Si pillas a un cartero leyendo la carta que te está entregando, ¿te enojas? Es lo mismo que hace Google cuando te llega un correo por Gmail. Eso está normalizado”.

Ante esto, el senador indicó que “el gran modelo de negocios de la red tiene que ver con la captura de datos y eso tiene que ver con la captura de atención. Los algoritmos en las redes sociales están programados para movilizar contenidos que son capaces de activar el umbral de atención en el cerebro. Los algoritmos movilizan más los temas odiosos y falsos y, como no hay certificación de veracidad, el mundo de las redes es un mundo en donde la falsedad está normalizada”. 

El senador busca la regulación porque “las plataformas utilizan mecanismos adictivos de recompensa para mantener a la gente adicta a las redes. Queremos que no se puedan usar en las pantallas los algoritmos que llevan a las personas a sufrir adicción”.

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“Hay que regular que no se usen los algoritmos usando mecanismos neurobiológicos y psicológicos para hacer adicción a las pantallas. Este es un tema de sociedad y tiene que ver con la democratización del futuro. Si un grupo monopólico logra controlar la IA y los datos va a tener todo el poder del mundo”, dijo.

¿Quién fiscaliza? Girardi cree que tiene que existir “un sistema de registro a cargo del Ministerio de Salud, específicamente del Instituto de Salud Pública (ISP) y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, porque así como se registran los medicamentos, las tecnologías también tendrían que registrarse, no para prohibirlas, sino para que definan cuáles van a ser los usos y cuáles pueden ser los efectos adversos”.

El objetivo de los parlamentarios es que existan leyes en el mundo virtual, tal como hay en el mundo real. Pero Patricia Peña ejemplificó que en 2006 las Naciones Unidas consagraron que la libertad de expresión y el ejercicio de los Derechos Humanos es el mismo en el ambiente online y en el offline (vida real).

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Por otro lado, ante las críticas a la iniciativa, el senador respondió: “Están defendiendo el derecho a la libertad de comunicación de las máquinas, le dan más valor y jerarquía el derecho a a las maquinas de apropiarse de los datos que a los humanos de tener libertad de expresión y decidir ellos si quieren compartir y ser receptores de datos e información”.

“Las organizaciones quieren que el mundo virtual no tenga ninguna ley, ninguna regulación, el problema es que un mundo sin regulación es un mundo sin sociedad. Esa es la ley del más fuerte“, manifestó.

“El Estado como policía de internet”

Foto: Pixabay

“Creen que internet es tierra de nadie, entonces no hay sociedad, no hay normas, pero la solución no puede ser que el Estado vaya y haga lo que quiera, eso es ciberpatrullaje, el Estado como policía de internet”. 

Así, Michelle Bordachar reflexionó sobre la iniciativa parlamentaria que quiere ser aplicada en Chile. “¿Darle facultades al Estado para regular internet? Puede sonar útil, pero tiene un montón de complejidades que son necesarias discutir de manera más profunda. Los legisladores no se ponen del otro nado, se van al tiro al extremo. Si no se regula de la manera debida, podemos terminar con un Estado Orwelliano (George Orwell, 1984) que regule el discurso público”, aseveró.

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Por otro lado, ¿qué pasaría si se aprueba el proyecto? Bordachar explicó que, si eventualmente se aprueba esta ley, así tal cual se encuentra escrita, “las plataformas pueden optar por no desarrollarse en Chile, porque son normas que no tienen reglas claras, la ley es muy ambigua y si yo, plataforma digital, me quiero instalar en un país donde las reglas no están claras y hay sanciones altas, no opero”.

Tras los antecedentes expuestos, las expertas consultadas proponen no aprobar el proyecto y pensar en un modelo de regulación en donde también se permita garantizar derechos digitales. Esto, acompañado de educación digital para padres, madres, Niños, Niñas, Adolescentes (NNA) y jóvenes de todas las edades.

De la misma forma, recomiendan fortalecer legislaciones existentes, como acoso escolar, cyberbullying, violencia digital y, junto con esto, fomentar la creación de una agencia de protección de datos autónoma para avanzar a una institucionalidad robusta en el mundo convergente.

Foto: Pixabay

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