Por Camila Torres
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Las medidas preventivas ante la pandemia de coronavirus son claras y así lo han hecho saber las autoridades sanitarias: lavarse las manos con jabón, mantener distancia de dos metros entre personas, evitar aglomeraciones y, por supuesto, el aislamiento social.

Pero, ¿qué hay que hacer cuando el test da positivo por coronavirus y presenta síntomas? El decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Central, Patricio Silva, responde que “entre las primeras medidas está el hacerle una radiografía de tórax, para ver si sus pulmones están comprometidos. El examen muestra si hay condensación en la zona, luego se evalúa la hospitalización“.

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La radiografía de tórax es comúnmente utilizada para diagnosticar enfermedades respiratorias, una prestación que probablemente tendrán que pagar la mayoría -por no decir todos- los pacientes graves diagnosticado con COVID-19.

El examen tiene un valor que va desde los $17.750 (Fonasa) a los $85.065 (particular) en la Red de Salud UC CHRISTUS, mientras que en la Clínica Alemana cuesta $19.120 (Fonasa) y $84.864 (particular).

Entre ambas instituciones no hay grandes diferencias, sin embargo, al llamar al Fondo Nacional de Salud nos dicen que el bono por la prestación debería costar $9.660 en nivel 3. 

¿La cuenta hospitalaria saldrá mucho más cara para un paciente con coronavirus que se atienda en clínica? ¿Qué pasará si el número de contagiados sobrepasa el sistema público y no queda más alternativa que atenderse en instituciones privadas?

Las respuestas y soluciones a esas interrogantes las quiere dar un proyecto de ley que fue aprobado por unanimidad en el Senado. 

La legislación que quiere frenar el “presunto negocio”

“Hoy día lo que tenemos es que hay muchas clínicas, que frente a la pandemia, están teniendo cobros excesivos y abusivos en materia de prestaciones. Por ejemplo: en exámenes, que no debieran valer más de $20 mil, los están cobrando en $120 mil. Tienen hasta 3.000% de margen”, sostiene el senador Guido Girardi, quien lidera la iniciativa en el Congreso. 

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En concreto, el proyecto indica que los prestadores de salud no podrán cobrar un precio superior al establecido en el arancel del Fondo Nacional de Salud para la modalidad de libre elección para todas las prestaciones, incluyendo exámenes, insumos y medicamentos, relacionados con la declaración de la epidemia  de Coronavirus. En el caso de no existir arancel Fonasa, el valor no podrá ser superior al 10% del costo de la prestación. 

Consultado por cómo se fijarán los precios, el legislador argumenta que “lo que nosotros establecimos es que los cobros que puedan hacer las clínicas privadas, tanto para prestaciones, insumos y medicamentos, no puede ser superior al arancel Fonasa, no puede haber un lucro. No se puede transformar la pandemia en un negocio”.

Entonces, ¿es el proyecto de ley la solución? Para el doctor José Miguel Bernucci, secretario nacional del Colegio Médico, la respuesta es mucho más complicada que un sí o un no.

“Insistimos que el examen de detección de COVID-19, primera prestación de la pandemia, debería ser financiado en su totalidad por el Estado. La información y resultados son primordiales para desarrollar políticas públicas. Lo fundamental es mejorar el sistema público para que se atiendan gratuitamente en él, poner precio límites en el sistema privado podría mejorar el acceso de pacientes Fonasa a clínicas”, sostiene.

¿Cuáles serían las consecuencias económicas para las clínicas si se aprueba?

Una opinión más crítica entrega Roberto Contreras, doctor en economía internacional de la Universidad Tecnológica Metropolitana, quien advierte que “el año pasado, la Fiscalía Nacional hizo un estudio donde demostró que las clínicas privadas lograban comprar medicamentos e insumos un 60% más barato que las farmacias. Sin embargo, el cobro que realizan es 4 o 5 veces más que en las farmacias. Cuando llega un paciente se convierte en un cliente cautivo que no puede decidir sobre los precios”.

Eso sí, reconoce que “es un mercado imperfecto y requiere regulación para acotar los márgenes que habitualmente se cobran”.

El economista insiste que si se aprueba el proyecto, las instituciones privadas tomarán resguardos “al reducir la rentabilidad por insumos y medicamentos, podrían intentar utilizar menores niveles de stock e inventarios para hacer frente a las pandemias. Tratarán de adquirir un menor nivel de stock, evitando las posibles pérdidas”.

¿Qué dicen las clínicas del proyecto?

Desde la Asociación de Clínicas y Prestadores de Salud Privados entregaron un documento de tres páginas en el que señalan que “las clínicas hemos desplegado en esta emergencia todo nuestro compromiso, capacidades, esfuerzos profesionales y humanos para entregar atención a los pacientes”.

En tanto que sobre el proyecto de ley, dicen que “creemos que situaciones extremas como las que vivimos no deben ser la oportunidad para desestabilizar un sistema prestador privado que atiende a más de 10 millones de personas al año”.

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Es por este motivo que “vemos el proyecto con preocupación, ya que estimamos quebranta la estructura de funcionamiento del sistema de precios. La estructura de precios con la que funciona una clínica es consecuencia de la necesidad de cubrir los costos de las estructuras productivas que son significativamente más altos que los precios cobrados por los prestadores al Fonasa”.

“Esto, porque los prestadores privados funcionamos sin ningún tipo de aporte estatal y debemos financiar infraestructura, alta tecnología, equipo, insumos y honorarios médicos y personal de excelencia. El hecho que estos mismos prestadores cobren precios Fonasa para prestaciones COVID-19 –actividad que acaparará el funcionamiento casi total de las clínicas por meses- implicaría que muchos prestadores privados simplemente no puedan subsistir”.

Además, apuntan que “una medida de este tipo va directamente en beneficio del sistema de Isapres, quienes, en el sistema privado, son las que financian la mayor parte del costo de las prestaciones”.

También dan una solución al problema “proponemos que, por el periodo en que esté decretada la emergencia nacional por la crisis sanitaria, los prestadores no puedan fijar precios por sobre los que tenían las prestaciones antes del decreto de emergencia nacional sanitaria”.

El proyecto sigue a la espera de ser votado en la Cámara de Diputados

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