Por Catalina Marchant
Twitter @olca_chile

Una lamentable noticia remeció al norte del país tras confirmarse la muerte de la activista ambiental Javiera Rojas, quien durante su vida lideró múltiples causas asociadas a la preservación de la flora y fauna, siendo parte de la creación del Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT) y forjando un cambio al evitar la construcción del embalse La Tranca en el sector de El Durazno de Combarbalá.

El pasado domingo 28 de noviembre fue encontrado su cuerpo al interior de un recinto en semi ruinas en la Calle Antofagasta de Calama, Región de Antofagasta, maniatada y con rastros de violentos golpes que habrían sido propinados por dos individuos que fueron formalizados y dejados en prisión preventiva por disposición del Juzgado de Garantía. Uno de ellos habría sido su pareja, por lo que el delito que se le imputa corresponde al de femicidio consumado, mientras que el segundo sería por el delito de homicidio calificado.

Según expuso el Ministerio Público en la audiencia, todo se habría desencadenado por una discusión aparentemente por dinero. De esa manera, se echa por tierra la incertidumbre respecto de un asesinato por su conocido rol como activista, ya que su deceso inevitablemente rememoró casos como el de Macarena Valdés o Juan Pablo Jiménez, y así se hizo sentir en redes sociales.

“Tenemos que seguir de cerca esta investigación, porque el antecedente del asesinato de Macarena Valdés, que fue un sicariato empresarial que se comprobó, que en el sistema público se falsearon pruebas y se tuvo que hacer una pericia externa en la que se verificó que fue colgada después de muerta… ese tipo de cosas pueden ocurrir, pero hay que seguir de cerca”, plantea Marileu Avendaño, vocera del MAT, en CHV Noticias.

Al mismo tiempo, conversación con CHV Noticias, Francisca Fernández, integrante del MAT y compañera de Javiera en diferentes causas ambientales, relata que “nos conocimos hace alrededor de 10 años en un espacio que se llama Aguante la Vida, que es un encuentro de distintos conflictos socioambientales que organiza el Observatorio Latinoamericano De Conflictos Ambientales (OLCA), y en el marco de ese encuentro es que creamos el MAT, del cual soy parte junto con distintas organizaciones de Arica a Magallanes”.

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“Justamente Javiera estaba vinculada a la localidad de El Durazno en Combarbalá y específicamente estaba en la lucha contra la termoeléctrica contra el embalse La Tranca, que se iba a utilizar para seguir el monocultivo que permitía la elaboración de pisco”, recuerda. Al hablar de ella, asegura que “siempre fue alguien muy activa en la lucha socioambiental y también fue parte de la indicación de críticas en el Servicio de Estudios de Impacto Ambiental, porque asistía año a año esta instancia”.

La última vez que la vio personalmente fue en 2018, antes del estallido y la pandemia, cuando participó en un taller sobre derechos de la naturaleza junto al investigador Eduardo Gudynas. Asimismo, sostiene que hace dos años que Javiera había migrado hacia Calama, ya que en esa ciudad viven sus padres y precisamente su fin era cuidarlos. En esa ciudad “tendió a tener trabajos con personas en situación de calle”, cuenta Fernández.

-¿Cuáles son las convicciones que Javiera defendió en su activismo?

-La defensa por el agua y los territorios, y la defensa de una ruralidad fuera de la política del agronegocio y extractivista. Ese era profundamente su espíritu, además de ser una gran admiradora de los animales. Pero sobre todo muy reivindicadora de la vida campesina, de la ruralidad, de la agricultura familiar.

-¿Cuál fue el rol que tuvo dentro de la lucha contra el embalse La Tranca?

-El embalse se logra finalmente frenar, pero lo más importante de esto es que Javiera consiguió la sensibilización de las personas de Combarbalá. Ella jugó un rol fuerte de educación ambiental para ver los efectos nefastos que podía generar un embalse tanto en la memoria geológica del territorio, como respecto al patrimonio natural y cultural de la zona. Ella jugó un rol muy de educadora.

Por su parte, Avendaño explica que “Rojas ya llevaba prácticamente tres años inactiva en su activismo y yo entré hace aproximadamente tres años al MAT, así que no coincidimos. Pero conocía sobre ella respecto de la lucha que dio en cuanto a detener el embalse La Tranca y que lo consiguieron, que fue presidenta de un comité en El Durazno, que también estuvo involucrada en otras defensas ambientales y que ella tuvo que migrar nuevamente a Calama para cuidar a su madre que estaba con cáncer, pero hace un tiempo que ella ya no vivía con sus padres”.

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Proceso judicial

Los dos imputados por el asesinato de Javiera Rojas se mantendrán detenidos mientras dure el plazo de 200 días de investigación determinado por la jueza a cargo de la audiencia. Un proceso que “seguiremos muy atentos”, asegura Fernández.

Al comienzo mucho se especuló sobre un eventual homicidio asociado a la relevante labor de Rojas en el activismo ambiental, pero Fernández explica que apenas recibieron la información de su fallecimiento, “nos da inmediatamente un perfil de feminicidio”, considerando las lesiones atribuibles a terceras personas y a que se encontraba atada de manos al momento de su hallazgo.

“Sin embargo, no hay que olvidar que Calama es un territorio de despojo y de extractivismo de la mega minería, y en general en estos territorios de sacrificio tiende a haber más violencia contra la mujer y las niñas. Es decir, es un feminicidio en el marco de un territorio y una economía fuertemente masculinizada“, plantea.

En esa misma línea, Marileu añade que “aunque el femicidio no haya sido directamente un femicidio empresarial, el hecho del femicidio en lugares donde el extractivismo es tan fuerte, es también demostración de cómo el patriarcado tiene diferentes formas de operar y que también corresponden a un modelo económico que cimienta la opresión de la naturaleza como de las mujeres que habitamos en esos determinados territorios”.

Para ello, entonces, Fernández espera que al menos uno de los dos imputados, a quien se le vincula sentimentalmente a Rojas, sea finalmente procesado por dicho delito. “Hay alevosía, hay tortura, hay premeditación. Para nosotros, (la condena) es presidio perpetuo“, sentencia.

Al concluir, Avendaño reflexiona que “con el eventual embate fascista que se está viendo en Chile, donde se quiere por ejemplo eliminar el Ministerio de la Mujer, entre otras medidas retrógradas, es un peligro que puede ponernos en mayor precariedad a las mujeres y disidencias sexuales“.

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