Por Carolina Vera
FOTO: Agencia Uno

“Hace un año atrás estuve aquí, con un grupo de jóvenes atendiendo a cientos de heridos como si fuera un campo de batalla”, relató Patricio Acosta, ex presidente de la Cruz Roja Chilena.

Patricio recuerda muy bien las primeras horas del estallido social. La tarde del viernes 18 de octubre de 2019 estaba en la sede central de la Cruz Roja, a pocos pasos de Plaza Italia. Desde allí, junto a sus colegas, pudo ser testigo directo de lo que comenzaba a ocurrir, aunque no imaginaba lo que horas más tarde se desencadenaría.

“Algunos venían cantando, otros gritando consignas, otros con cacerolas. Se comenzó a llenar el sector de mucha gente. Intuí algo distinto, una atmósfera rara, no habitual para ese día viernes”, contó.

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Luego de algunas horas, recordó Patricio, la manifestación se transformó en una batalla campal. Cerca de las 22:30, la denominada “zona cero” comenzó de a poco a quedar sin luz.

“El sector estaba muy oscuro porque había mucha luminaria pública destruida. Las barricadas y grandes fogatas iluminaban el ambiente. Comenzaron a caer las primeras bombas lacrimógenas y al escucharse los primeros disparos todos corrían”, detalló Acosta.

Pasada la medianoche, la Cruz Roja comenzó a atender a los primeros heridos. La tarea continuó arduamente al día siguiente. El 19 de octubre llegaron preparados cerca de las 15:30 de la tarde a Plaza Italia, pero todos los implementos no fueron suficientes para el nivel de heridos que se produjo ese día.

“Comenzamos a atender a los primeros heridos de guata al suelo, fue terrible. Las primeras curaciones en los ojos, parecía sitio de guerra. Nos quedamos cortos de material como parches, apósitos, agua, suero y mascarillas. Los gases eran insoportables”, recordó Acosta.

El 18 de octubre la Cruz Roja atendió a unas 200 personas en la “zona cero”. Ese promedio se mantuvo en la primera etapa del estallido, aunque en los días más complejos la institución llegó a entregar primeros auxilios a más de 300 heridos por día, dando una cifra estimada de número de atenciones hasta diciembre de 15 mil personas.

“Dolor, impotencia”

Marta Valdés, hoy vocera de la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular, revivió los primeros momentos de la crisis social. Su hijo Edgardo, de 17 años, recibió el impacto de una bomba lacrimógena en su ojo izquierdo el día 28 de octubre de 2019.

“Como toda madre, mucho dolor, mucha impotencia, el no entender por qué le habían disparado a su rostro, a su ojito”, relató Valdés.

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Marta comenzó ese día con su hijo las visitas periódicas a la Unidad de Trauma Ocular del Hospital del Salvador. Entre controles conoció mucha gente y es así como decidieron crear la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular para brindar apoyo y buscar instancias de justicia para los heridos.

A un año del estallido social, la vocera de la organización evalúa la respuesta del Estado antes estos casos de trauma ocular, que estiman son cerca de 500 personas.

“Ha habido un abandono del Estado con las victimas de trauma ocular y también un no reconocimiento a esta violación sistemática de los Derechos Humanos”, expresó.

Desde la Coordinadora aseguran que los heridos no han recibido los tratamientos de rehabilitación y la ayuda psicológica que les prometieron desde el Ministerio de Salud.

“Bajo pandemia se dejaron algunos tratamientos porque solamente se estaban atendiendo urgencias. Imagínate que el programa que planteó Mañalich en noviembre de 2019 hablaba de un programa integral y eso no es así. Esto carece de profesionales”, añadió Valdés.

El balance del INDH

“Ni el Instituto ni nadie anticipó lo que vino”, señaló Sergio Micco, director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

Micco narró cómo se organizaron esos primeros días para canalizar las denuncias que llegaban y llegaban. Estiman que el trabajo se triplicó en un par de meses.

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“Salimos a observar y estuvimos en 339 manifestaciones, fuimos a los recintos policiales donde estuvimos con 11.389 personas y fuimos a los centros de salud donde escuchamos a 3.838 personas o supimos a través de sus familiares que se encontraban heridos en medios de las protestas sociales”, indicó Micco.

Así comenzó la creación de estadísticas y la presentación de querellas que hasta marzo de este año sumaban 2.520, principalmente contra Carabineros.

Del total de estas acciones legales, sólo hay 72 personas imputadas, lo que a juicio del INDH es una cifra muy baja. ¿Qué se necesita entonces para avanzar en esta materia?

Poner más recursos personales y económicos en la Brigada de DD.HH. de la PDI, que hayan más fiscales preferente. Nunca como hoy hemos debatido tanto de Derechos Humanos y eso también va a dejar una huella”, concluyó el director del INDH.

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