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La comisión revisora de la Acusación Constitucional contra el presidente Sebastián Piñera dará inicio al período de audiencias para estudiar la admisibilidad del libelo.

Durante esta jornada, expondrán a la sesión de la Cámara Dominique Hervé, abogada ambientalista; Enrique Aldunate, abogado; Marcelo Drago, abogado; Llankiray Sumac Díaz, abogada y a Ezio Costa, abogado medioambientalista.

En la instancia, los expertos presentarán sus argumentos para el libero el contra el mandatario, enmarcado por las revelaciones de la investigación periodística Pandora Papers, en donde se detalló cómo el presidente selló la compraventa del proyecto minero Dominga en las Islas Vírgenes Británicas junto a su amigo y empresario, Carlos Alberto Délano.

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En tanto, el presidente Piñera se encuentra preparando su defensa, la que puede ser presentada presencialmente ante el Congreso Nacional o por escrito. El plazo máximo es hasta el 28 de octubre.

Después de que presente su defensa, la comisión revisora integrada por Florcita Alarcón (PH), Maya Fernández (PS), Pepe Auth (independiente), Paulina Núñez (RN) y Virginia Troncoso (independiente-RN), tendrá plazo entre el jueves 28 de octubre y el viernes 5 de noviembre para evaluar su respuesta. En ese proceso se resuelve si el informe es admisible o no. En caso de ser admisible, se necesitan 78 diputados que voten a favor del libelo para que pase al Senado.

Del mismo modo, el mandatario puede presentar una cuestión previa en donde se expone que la acusación no cumple con los requisitos señalados en la actual Constitución. Si la Cámara la acoge, la acusación se tendrá por no interpuesta. Si la rechaza, no podrá renovarse la discusión sobre la improcedencia de la acusación y el proceso seguirá su curso, es decir: Avanzará al Senado y el mandatario quedaría suspendido de sus funciones.

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Si la Acusación Constitucional se rechaza, el presidente continuará en sus funciones, como ya sucedió en diciembre de 2019 (en contexto del estallido social), pero si se aprueba en la Cámara Alta, el mandatario quedaría destituido del cargo.

Cabe recalcar que la declaración de culpabilidad debe obtener los 2/3 de los senadores en ejercicio, debido a que se acusa al presidente de la República, a diferencia de otros funcionarios para los que sólo se precisa la mayoría en ejercicio en la Cámara Alta.

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