El delito que acusa el CDE es apropiación indebida, los cuales apuntaban a la ejecución de proyectos de habitabilidad primaria en algunos campamentos como "Moisés", "Betzabet", "Arca de la Alianza" e "Israel".
Este martes, el
Consejo de Defensa del Estado presentó una querella criminal contra
María Constanza Gómez Cruz, representante legal de la
Fundación ProCultura en el marco del
Caso Convenios.
El delito que acusa el CDE es
apropiación indebida, aunque el organismo manifestó que "sin perjuicio de la responsabilidad que pueda corresponder a otras personas y a la querellada por otros hechos y delitos, de acuerdo con los avances de la investigación penal".
En la querella se señala a la fundación por la firma de cuatro convenios con la
Seremi de Vivienda de
Antofagasta en el marco del
Programa de Asentamientos Precarios de la Región de Antofagasta, a los que se añadió un quinto correspondiente al
Programa de Recuperación de Barrios.
Monto por convenios supera los $500 millones de pesos
Los cinco convenios alcanzan un total de $545 millones de pesos, los cuales apuntaban a la ejecución de proyectos de habitabilidad primaria en algunos campamentos como
"Moisés", "Betzabet", "Arca de la Alianza" e "Israel". Además, también para la implementación de la primera fase de recuperación del barrio "Villa Chica", de la comuna de Antofagasta.
Según se indicó, una vez suscritos los convenios,
se procedió a transferir sin más trámite y en una sola cuota los recursos fiscales a dicha fundación. Sin embargo,
se detectaron una serie de incumplimientos de carácter grave y/o reiterados en la ejecución de actividades, situación que llevó a la
Seremi a poner fin anticipado a los convenios.
Otras irregularidades en convenios con ProCultura
También se informó del arriendo de oficinas por parte de ProCultura,"cuyo valor excedía con creces el valor de mercado sin que ninguna autoridad competente en los convenios autorizara dicho gasto, el cual implicaba una destinación desproporcionada de recursos fiscales".
Aparte, se detectaron
errores contables reiterados, cronogramas y planes de trabajo no aprobados por el Serviu e inexistencia de rendiciones financieras aprobadas.
CDE manifestó que "transcurrido el procedimiento de reclamaciones y habiendo sido notificada la Fundación Procultura, correspondía que la querellada
María Constanza Gómez Cruz procediera materialmente al reintegro íntegro e inmediato de los fondos liquidados, lo cual no ocurrió".
Finalmente, CDE manifestó que
Procultura se apropió indebidamente de una suma total de $511.058.002, monto que estaba destinado para un fin público específico.
13/02/2024
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