Desde la Fiscalía de La Ligua dieron cuenta que hay una lista de 30 personas que estarían faltando a la verdad al momento de entregar sus testimonios. Algunos se niegan a responder, otros descartan haber estado en los eventos y otros entregan versiones contradictorias.
La oficina del Ministerio Público de La Ligua analiza tres querellas y dos denuncias contra las fiestas clandestinas realizadas en Zapallar y Cachuagua.
Los eventos, dados a conocer la semana pasada, contaron con la participación de al menos 300 personas y dejaron un brote que alcanza a 53 casos positivos de COVID-19 y 107 contactos estrechos.
La investigación involucra al presunto organizador de las fiestas en Aguas Claras, Samuel Israel y al restaurante "Santo Diablo", donde se realizó una de las fiestas.
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Sin embargo, una denuncia revelada por La Tercera ha encendido las alertas respecto a la dificultad para llegar al fondo de la investigación.
De acuerdo al medio, el seremi de Salud, Francisco Álvarez, acusó que algunos de los involucrados que fueron entrevistados se han negado a entregar la información necesaria para lograr realizar trazabilidad.
En detalle, se trata de 30 personas que estarían faltando a la verdad al momento de entregar sus declaraciones. Entre ellas, hay quienes se niegan a responder y otros que estando contagiados, desmienten haber participado del evento, pese a aparecer en los videos difundidos a través de redes sociales.
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A ellos se suman personas que se niegan a ser testeados, que entregan relatos contradictorios, que fueron inubicables en sus domicilios e incluso una madre que negó conocer a su hijo.
Según averiguó LT, el fiscal jefe de La Ligua, Luis Cortez, indaga la "propagación de contagio a sabiendas", lo que según él, implica penas que pueden llegar a tres años de presidio.
En ese contexto, explicó que mientras el dueño del restaurante podría enfrentar una multa desde las 6 UTM, el organizador Samuel Israel podría quedar incluso tras las rejas.
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Por su parte, los jóvenes y padres que no colaboren con la trazabilidad podrían ser formalizados por el delito contra la salud pública u obstrucción a la justicia.
14/01/2021
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