Agencia Uno

La justicia declaró admisible una querella contra el general director de Carabineros, Mario Rozas, quien fue acusado por el delito de omisión delictiva, específicamente, permisividad a la tortura.

Según el Código Penal, la falta sanciona con presidio mayor en su grado mínimo a aquellos empleados públicos que teniendo los medios, no impiden que el crimen de tortura continúe.

La medida, interpuesta por el abogado Luis Mariano Rendón, se basa en que Rozas no habría sido capaz de impedir los comportamientos que constituyen tortura.

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“Corresponde hacer una relación de los hechos, torturas, de los que tuvo conocimiento el querellado y que son el presupuesto que hace reprochable penalmente su omisión de impedirlos o hacerlos cesar”, dice el documento.

“Las bombas lacrimógenas tienen por objetivo dispersar a manifestantes por efecto del gas, no herirlos con el proyectil. Las escopetas antidisturbios, que deben ser usadas en caso de peligro para la integridad del policía o terceros, no deben ser apuntadas a la parte superior del cuerpo, pues su objetivo es hacer retroceder a las personas por el dolor del impacto, no causarles heridas que puedan llegar a la mutilación, como desgraciadamente ha ocurrido”, argumenta el abogado.

En ese sentido, apunta a que Carabineros ha disparado balines y bombas lacrimógenas a la cabeza de manifestantes para causarles lesiones en forma de “castigo por manifestarse”.

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“Y la autoridad de Carabineros que debió tomar medidas drásticas para ponerle término a esto desde el primer momento, no lo hizo. Por el contrario, dio señales que apuntaban a la impunidad, porque como todos sabemos, se filtró un audio de un discurso del general director de Carabineros a un grupo de sus subordinados donde les garantizaba que no iba a aplicar la medida administrativa de destitución”, agrega.

Por estas razones, Rendón insta a investigar la Brigada de derechos Humanos de la PDI; a que el INDH elabore un informe detallado de las víctimas y, por último, a que se cite al general director de Carabineros a declarar las medidas que ha tomado para cesar las prácticas constitutivas de tortura que han ocurrido durante su mandato.

Finalmente, el abogado pidió que el Ministerio Público investigue y que se ordene la medida cautelar de prisión preventiva contra Rozas, por considerarlo como un “peligro para la sociedad”.

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