04/03/2022
21:08
En la cuenta pública liderada por el ex comandante en jefe, Ricardo Martínez, el fraude y desviación de fondos públicos, conocido como Milicogate, significó para la institución castrense un "durísimo golpe a la confianza y a la probidad".
El reciente miércoles 2 de marzo, el ex comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, -quien presentó su renuncia horas previas a negarse a declarar ante la ministra en visita Romy Rutherford- entregó un documento en su última cuenta pública, en el cual se reconoce "una profunda herida" en la institución por las violaciones a los Derechos Humanos perpetradas por militares en la dictadura de Augusto Pinochet Ugarte.
Es relevante mencionar, que lo anterior, se produjo una semana antes de entregar su mando al general Javier Iturriaga, quien se desempeñó como jefe de defensa en la Región Metropolitana, cuando el presidente Sebastián Piñera, decretó Estado de Excepción el pasado octubre de 2019 en el marco del estallido social.
En el texto, titulado "Reflexión sobre las actuaciones del Ejército en los últimos 50 años", se habla sobre diferentes periodos del Ejército de Chile, entre los cuales destacan los crímenes de lesa humanidad entre 1973 y 1990 y los últimos casos de corrupción de la institución castrense, que se relacionan con fraudes y desviaciones de fondos públicos, lo que se conoce popularmente como Milicogate.
En ese sentido, se hizo una dura valoración al rol que cumplieron los funcionarios durante una de las épocas más oscuras del país, enfatizando en la impunidad hacia los oficiales a cargo, en desmedro de los condenados de menores rangos.
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"Las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el periodo y en la que los miembros del Ejército tuvieron participación –ya sea como consecuencia de actos derivados de la obediencia debida, por el uso desproporcionado de la fuerza, por excesos individuales o bien por eventuales acciones fortuitas– fueron una profunda herida ocasionada al deber ser militar", comienza señalando el texto.
"El ethos militar fue afectado severamente cuando se violaron los derechos humanos en cumplimiento de las órdenes debido a que se dañó gravemente la confianza de los ciudadanos con el Ejército y la lealtad que debe existir entre superiores y subalternos, dentro de las estructuras de la institución", asegura el documento.
"Los funcionarios superiores que dan las órdenes deben hacerse responsable de las consecuencias de su cumplimiento. En ello descansa la base de la disciplina militar, que es el factor clave e imprescindible de toda fuerza militar", añaden.
En ese contexto, califican como "inaceptable", que no se hayan entregado los cuerpos de las víctimas a sus familias en todos los casos, para que pudieran ser sepultados según sus creencias. "Este aspecto, ha sido uno de los más determinantes en las imputaciones que se le hacen al Ejército, que hasta el día de hoy tienen los distintos organismos de derechos humanos", sentencian.
Otros de los hechos abordados en el mismo capítulo, es el que se refiere a la Caravana de la Muerte, una misión militar liderada por Arellano Stark, quien se encargó de ejecutar a los opositores políticos en distintas regiones del país.
Lee también: Voto desde los 16: Defensoría de la Niñez insiste al Congreso para que adolescentes participen en plebiscito de salida"Los hechos y el expediente judicial nos confirman que la misión del General Arellano era revisar y agilizar procesos en aquellos lugares donde los mandos, según ese criterio, habrían actuado débilmente a partir del 11 de septiembre de 1973 (‘comandantes pusilánimes’, según sus propias palabras, fojas 3001 del expediente)", sostienen.
Tras lo anterior, afirman que las acciones del general Arellano "fueron absolutamente ajenas y reñidas con un correcto ejemplo de amor a la patria y al Ejército, y menos tuvo consideración hacia los subalterno".
"El citado general no se hizo responsable de las consecuencias de su actuar", asegura el documento. Uno de los casos de la Caravana de la Muerte, quienes ejecutaron las órdenes posteriormente fueron procesados y hoy cumplen condena en Colina I. Por su parte, Arellano no respondió jamás de lo que sucedió bajo su mando ganándose el repudio de los afectados y de toda la institución", enfatizan.
Otros de las situaciones que no pasaron inadvertidas, fue el asesinato en Argentina al ex comandante en jefe del Ejército Carlos Prats (1970-1973), y su esposa Sofía Cuthbert, ilícito que fue llevado a cabo mediante un atentado encabezado por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).
"Se ha constituido también en una gran vergüenza institucional, a pesar que fue realizado por un organismo de seguridad que no pertenecía al Ejército, pero quienes resultaron condenados por la justicia en su mayoría pertenecían a la Institución", detallan.
Lee también: Marinovic respondió a denuncia por insultos contra la CC: Llamó a sus pares a "utilizar su tiempo de mejor manera""Según consta en el expediente de la investigación, el agente norteamericano de la DINA, Michael Townley, colocó un artefacto explosivo en el automóvil de Prats y el día 30 de septiembre de 1974, a las 00:50, lo hizo detonar mediante un dispositivo a control remoto cuando el matrimonio regresaba a su domicilio, provocando la muerte instantánea de ambos, lo que se ha constituido en un crimen extremadamente cobarde, vergonzoso, violento, cruel y repudiable", concluyen respecto al caso.
Otro de los tópicos que tuvo una reflexión por parte de la institución, fue el caso de fraude que se investiga desde el año 2014, siendo calificado como un "durísimo golpe a la confianza y a la probidad" del Ejército.
"En el repudiable episodio del Fraude, algunos integrantes del Ejército dejaron de cumplir los principios y valores que la sociedad y la institución exige y demanda al personal militar, traicionando la confianza, faltando a la probidad, vulnerando los procedimientos dispuestos y dañando la fe pública", indica el informe elaborado por Martínez, quien es investigado por la arista pasajes "aéreos y fletes".
"Para alcanzar sus detestables fines, se coludieron con civiles ajenos a la institución y se apropiaron de recursos que el Estado asignaba para el financiamiento de las capacidades del Ejército", lamentan.
Los procesos judiciales que se han llevado a cabo, "impacta fuerte y de manera muy especial al Ejército debido al alto cargo que ejercieron. Será la justicia a través de sus fallos definitivos la que determine la responsabilidad penal de los que hoy enfrentan acusaciones, pero es innegable que esta situación dañó gravemente la imagen de la Institución y la confianza que en ella tenía la ciudadanía".
