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José Miguel Vivanco de HRW: «El presidente no contradijo el informe»

Human Rights Watch denunció "graves violaciones a los Derechos Humanos" cometidas por Carabineros y señaló la necesidad de introducir cambios al interior de la institución. Sobre esto habló el director para las Américas de la ONG con CHV Noticias.

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El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, se refirió al informe que el organismo publicó este martes y que denunció que “miembros de la policía nacional de Chile (Carabineros) cometieron graves violaciones de derechos humanos”. 

En conversación con CHV Noticias, el abogado recalcó la necesidad de introducir cambios al interior de la institución uniformada dado que «desde que se recuperó la democracia, Carabineros no han sido objeto de una reforma, de un esfuerzo por mejorar su rendimiento, su profesionalismo, por fiscalizarlos».

Vivanco fue consultado sobre si desde el organismo también apuntan a la creación de nuevos protocolos, a lo que respondió que «los protocolos explícitamente prohíben ese tipo de conductas. ¿Cómo entonces en los hechos se da esa práctica? ¿Cómo así que los carabineros se sienten con la impunidad y la libertad para vejar, para darle un trato cruel, degradante, a un detenido? Hay que, urgentemente, introducir mecanismos que permitan, con credibilidad, con rigor, asegurarse que este tipo de abusos no se siga produciendo«.

Uno de los asuntos que abordó el documento fueron las más de 200 personas que han sufrido traumas oculares por disparos de perdigones, sobre lo que Vivanco explicó que «en nuestra opinión, la moratoria debe ser indefinida, y no sólo por una cuestión de falta de claridad de la composición de los perdigones, es que los problemas son mucho más serios, acá por ejemplo, los carabineros… dicen que no se pueden disparar en menos de 30 metros, y eso es vital, pero hay otras fuerzas de seguridad que dicen que son mínimo 40 metros. A mí me parece que eso hay que aclararlo, porque si hay otras fuerzas que usan estas armas y estas mismas municiones, pero dicen que a menos de 40 metros pueden ser letales y pueden generar daños muy graves. Carabineros insiste en que son 30 metros».

«En fin, la cuestión es cómo calcula los 30 metros. No hay manera, los carabineros no tienen el equipamiento para medir esos 30 metros. Y en los hechos, en la calle, es el responsable de la escopeta el que calcula, como me decían ellos, ‘a ojo de buen cubero’ si hay 30 metros, 25 metros. A mí me parece que eso es un manejo altamente irresponsable, muy poco profesional, de un arma que tiene serias consecuencias», añadió.

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Consultado sobre por qué no plantean responsabilidades políticas en el informe, como sí lo hizo Amnistía Internacional, Vivanco indicó que «lo que haya hecho Amnistía, las conclusiones, la metolodología de trabajo de ellos en su informe, por eso responde Amnistía».

«Nuestro propósito desde el primer minuto fue hacer un diagnóstico de lo que ha ocurrido, en términos amplios, objetivos, y creo que lo hemos logrado, y luego preguntarnos por qué Chile ha llegado a esta situación, qué se puede hacer para corregir esto, y esas son el conjunto de las recomendaciones que están centradas fundamentalmente, aunque no exclusivamente, en Carabineros», dijo.

En la misma línea, otra de las diferencias fue que este informe no afirmó que existe sistematicidad en las vulneraciones, y explicó que para ello «se requiere evidencias que estos hechos son el fruto, son el resultado de un ataque, de una política, de una campaña, esa es la terminología que en derecho internacional se utiliza, una campaña oficial que justifica, que incentiva la comisión de estos hechos. Nosotros no contamos con una evidencia que pueda permitirnos hacer esa afirmación«.

Finalmente, Vivanco relató cuál fue la reacción del presidente Sebastián Piñera al conocer los resultados de la investigación: «Lo cierto es que él no resistió, no contradijo el diagnóstico que hacemos en este informe, no hubo una actitud de rechazo frente a estos hechos concretos, a estos casos que mencionamos. Nos pidió algunas precisiones, se las dimos, y nos dijo en todo caso que el protocolo que se aprobó en marzo de este año para el uso para fuerza pública en tareas de orden público, fue algo que impulsó su gobierno. Eso lo reconocemos en el informe, eso no está en discusión, y luego que durante todo este periodo de protestas, a partir del 18 de octubre, el Ministerio del Interior había estado despachando constantes oficios a la fuerza pública, a Carabineros, para obligarlos a realizar una conducta respetuosa de los derechos humanos».


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