Nacional - deuda educativa 23/09/2020 20:26

Presentan oficio para que se investigue a la UNAB tras agresión a estudiante por deuda universitaria

La diputada Camila Rojas ofició a la Superintendencia de Educación Superior para indagar la responsabilidad de la institución educacional en el ataque que sufrió el estudiante por parte de un trabajador de una empresa de cobranza.

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Este miércoles, la diputada Camila Rojas (Comunes), miembro de la comisión de Educación de la Cámara, ofició a la Superintendencia de Educación Superior por la agresión física y verbal sufrida por parte de un estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Andrés Bello (UNAB).

De acuerdo con el relato del joven afectado a CHV Noticias, Francisco Jorquera, el monto que adeuda es cercano a los $300 mil y que no ha podido pagarlo tras quedar sin trabajo debido a la pandemia. Sin embargo, y tras ser continuamente contactado a través del teléfono, un funcionario de una empresa de cobranza fue hasta su domicilio para notificarlo de la deuda.

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En las cámaras de seguridad de su condominio quedó registrado el momento en que el trabajador de Remesa lo agredió físicamente luego que el estudiante se negara a firmar el documento de notificación.

Respuesta de UNAB

Por su parte, la Universidad Andrés Bello emitió un comunicado en el que explican que se trata de una empresa de cobranza externa y que por lo ocurrido habrían puesto fin al vínculo contractual con Remesa. Además, estarían evaluando acciones legales para evitar que una situación como la registrada vuelva a ocurrir.

En relación al incidente del estudiante de la Universidad con un trabajador de la empresa de cobranza externa, es de interés de la institución aclarar algunos aspectos: pic.twitter.com/vvo6DJXpS4

— U. Andrés Bello (@uandresbello) September 23, 2020

Oficio a Superintendencia

Por su parte, la diputada Rojas indicó a través de un comunicado que “resulta del todo injustificado contratar a terceros para que realicen cobranzas sin más, eludiendo así una responsabilidad de las instituciones de educación superior respecto de las empresas con las que se vinculan y el trato que éstas tienen con las comunidades educativas”.

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Debido a lo anterior, la parlamentaria hizo hincapié en la responsabilidad de la casa de estudios en el hecho, solicitando a la Superintendencia de Educación Superior “que se tomen las medidas pertinentes respecto al caso particular, se investigue y se establezcan las responsabilidades que correspondan a la Universidad Andrés Bello“.

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