El presidente Sebastián Piñera está bajo la lupa por presunta vinculación con la compraventa de la cuestionada Minera Dominga, tras revelarse una investigación periodística del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), denominada Pandora Papers, y que apunta a operaciones económicas relacionadas a este proyecto catalogado como controversial por su impacto medioambiental.
De acuerdo con lo indicado por los medios chilenos Ciper y LaBot, el jefe de Estado -tiempo después de iniciar su primer periodo presidencial- habría realizado la transacción de compraventa con el empresario y amigo, Carlos Alberto Délano, quien fue formalizado además por el Caso Penta. Pero sumado a ello, el proceso lo habrían concretado en las Islas Vírgenes Británicas.
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La cuota en cuestión
En dicha instancia, se firmó un contrato que establecía un pago en tres cuotas. La última dependía de que no hubiera cambios regulatorios que obstaculizaran la instalación de la mina y su puerto; es decir, que dicho territorio no fuese declarado como reserva nacional, parque nacional o zona de exclusión.
Frente a esta situación, el fiscal nacional Jorge Abbott instruyó a abogados de la Unidad Anticorrupción indagar los antecedentes relacionados al caso, para determinar si es que existe la eventual comisión de delitos que permitan iniciar una investigación penal de oficio.
Según consignó La Tercera PM, Uno de los principales motivos apuntaría a estudiar las conductas y transacciones reveladas, con el fin de establecer que si es que existen ilícitos -como tráfico de influencias, delito tributario o negociación incompatible-, éstos puedan continuar con su proceso judicial o, de lo contrario, identificar si es que están prescritos.
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Lo anterior, debido a que la transacción de compra y venta se realizó en el 2010. De acuerdo con el reportaje, los inversionistas implicados en esto, incluyendo a la familia Piñera-Morel, habrían obtenido ganancias de hasta 1.000% en 18 meses.
Por otro lado, se puede indagar en la eventual conducta de elusión. Pero en ese caso, según precisaron desde el ente persecutor, se requeriría de una acción por parte del Servicio de Impuestos Internos (SII).
Finalmente, también se podría evaluar la necesidad de invocar colaboración internacional, ya que sostienen que las pruebas propias de Pandora Papers no son suficientes para un posible juicio.
Revisa el comunicado de Fiscalía acá:
04/10/2021
18:07
