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Gastos electorales en campaña de Karina Oliva por $137 millones: Candidata niega “aprovechamiento de recursos fiscales”

De acuerdo con una investigación de Ciper, la carrera a la gobernación metropolitana de Oliva podría corresponder a la más cara de la que se tenga registro en el Servel, comparable a la del presidente Piñera en 2017. Sin embargo, la implicada emitió una declaración en la que detalló los pagos, apuntando además contra su entonces contendores, Claudio Orrego y Catalina Parot.

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Una revelación sacudió este miércoles al Partido Comunes, que apunta directamente a la campaña por la gobernación metropolitana que encabezó la actual carta a senadora por la Región Metropolitana, Karina Oliva. De acuerdo con la investigación dada a conocer por Ciper Chile y que aborda la rendición de gastos de dicha candidatura ante el Servicio Electoral (Servel), hubo gastos asociados que incluso superan a los de ex abanderados presidenciales.

En concreto, la publicación evidencia que Oliva habría contado con uno de los equipos de campaña mejores pagados desde que se tiene registro, con un total de siete personas que obtuvieron en conjunto alrededor de $137 millones en pagos electorales. Sumado al centro de estudios Fundación Chile Movilizado, ligado al partido mencionado, y que emitió una factura por $60 millones por asesorías, además de una segunda boleta por el mismo valor remitida a Comunes pero que finalmente también se cargó a la cuenta rendida ante el Servel.

Según el detalle dado a conocer en el reportaje, un miembro del equipo de Oliva cobró alrededor de ocho millones de pesos mensuales. Correspondería a Martín Miranda Sepúlveda, quien obtuvo un monto total de $40 millones por los cinco meses en que se desempeñó como jefe de campaña en las dos vueltas electorales, además de ser el responsable de la estrategia comunicacional en primera vuelta y encargado del despliegue territorial en la segunda.

Le sigue Camila Ríos Puebla, quien habría cobrado $25,5 millones en cinco meses, lo que se calcula corresponde a $5,1 millones en promedio mensuales, por su rol en el análisis e interpretación de datos, así como diseño y planificación del despliegue electoral en el distrito 12 durante la primera vuelta; y como jefa de equipo electoral en la segunda vuelta. Asimismo, Ríos es parte de la directiva nacional del Partido Comunes.

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Dentro del listado incorporado en la investigación, se involucró además a José Robredo, quien habría obtenido $20,9 millones por su operación como jefe, coordinador y asesor comunicacional de Karina Oliva, entre otras actividades relacionadas a la elaboración de la agenda de prensa y gestión de entrevistas en los medios, junto al entrenamiento y preparación comunicacional de la candidata.

A ellos se sumarían Jorge Ramírez ($16,2 millones), presidente del Partido Comunes, Jean Flores Quintana ($15 millones), Luis Romero ($10 millones) y Diego Corvalán, jefe del equipo electoral del Partido Comunes ($10 millones).

Frente a los montos mencionados, Ciper comparó estas cifras con las de otras campañas de gran magnitud observadas en Chile. Según el análisis, se pudo desprender que la más cercana es aquella emprendida por el presidente Sebastián Piñera en 2017, donde Cecilia Pérez, entonces vocera del candidato, aparece con cuatro boletas que en total suman $18 millones. Asimismo, Juan Francisco Galli, como administrador electoral recibió $17 millones.

Por otro lado, dentro de la izquierda también se pudo identificar como punto de comparación la candidatura presidencial de Beatriz Sánchez, también en 2017, instancia en que dos colaboradores recibieron pagos por $15 millones.

Por su parte, el diputado Giorgio Jackson (RD) utilizó su cuenta de Twitter para referirse a esta investigación, asegurando que “merece una explicación a la altura del momento que estamos viviendo”, ya que “desde que entramos al Congreso hemos luchado por rebajar los sueldos en política”.

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La diputada Claudia Mix (Comunes) informó también en redes sociales que, en conjunto a la diputada Camila Rojas (Comunes), ingresaron una denuncia al Tribunal Supremo del Partido Comunes para investigar a todas las personas relacionadas con la rendición de gastos.

“No podemos tolerar este tipo de situaciones que, más allá de lo legal, son antiéticas”, manifestó, instando a que “el Tribunal Supremo dicte sanciones acorde a la gravedad de los hechos conocidos. De no hacerlo, evaluaré mi continuidad dentro de Comunes“.

Declaración de Karina Oliva

Frente al destape anteriormente descrito, la propia implicada, Karina Oliva, compartió una declaración pública en la que destaca que “estamos siempre disponibles para aclarar lo que sea necesario”.

Dentro del comunicado, se aclara en primer lugar que la cuenta de ingresos y gastos asociados a la primera vuelta fue aprobada por el Servel. Continuando con esto, fue tachada de “falsa” la afirmación que estipula que “mi campaña sería la más cara de la Gobernación Regional y que los montos cobrados también son los más altos”, detallando que el costo en primera vuelta fue de $408.492.235, “lejos de los más de $790.000.000 de Catalina Parot o de los $780.000.000 de Claudio Orrego”.

Bajo tal premisa, la candidata a senadora explica que su equipo estuvo conformado por personas que estuvieron dispuestas a esperar los meses necesarios para el reembolso del Servel, explicando que sus labores se extendieron por seis meses “por un monto de $2.500.000 mensuales”.

“Nuestra campaña jamás ha sido financiada por los empresarios de la pesca, ni de la industria minera, ni por las inmobiliarias, ni por el retail, ni por ningún empresario. Nuestra campaña ha sido financiada con endeudamiento personal, sin tener patrimonio, ni propiedades ni ahorros en paraísos fiscales”, agrega.

Finalmente, el documento señala que “de acuerdo a la votación que obtuvimos en primera vuelta, el monto máximo de reembolso al que podíamos optar era cercanos a los 800 millones de pesos, y se solicitó un reembolso de 409 millones de pesos, correspondientes a 125 millones del crédito del Banco Estado y 284 millones aproximadamente que corresponden a los servicios detallados en la rendición de ingreso y gasto electoral”.

“Por tanto, es falso señalar que hemos hecho un aprovechamiento de los recursos fiscales”, sentencia.


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