La
Contraloría General de la República (CGR) dio a conocer un
revelador informe asociado a las
pensiones de gracia entregadas a las víctimas del
estallido social.
Una polémica que se remonta a comienzos de este año tras la
detención de Juan Francisco Lobos, beneficiario que se encontraba
prófugo y que cuenta con un amplio prontuario.
Qué dice el informe de Contraloría
De acuerdo con el documento expuesto este jueves, hay
19 expedientes de personas que reciben pensión de gracia y
que se mantienen en estudio al no presentar antecedentes médicos vinculados a su afectación en el contexto del 18-O.
Los datos asociados a estos casos habían sido
remitidos por el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
En específico, el entre contralor expuso en cuanto a estos antecedentes médicos que eran
textos pocos legibles, sin diagnóstico o incluso "
antecedentes contradictorios respecto del daño o con una fecha anterior a octubre de 2019".
Continuando con esto, la CGR indicó que "
10 de los casos revisados no presentaban antecedentes médicos, o bien, los respaldos no permiten acreditar el relato del postulante".
Esto pone al INDH en jaque, ya que dentro de las conclusiones del informe, dichas faltas apuntan a que el instituto "
no realizó indagaciones adicionales a los documentos entregados inicialmente por la víctima, para verificar los hechos relatados".
58 beneficiarios con condenas
Paralelamente, Contraloría reveló que
58 de las 419 personas que tienen pensión de gracia cuentan con "
antecedentes penales por condenas, con resultado de multa, prisión y reclusión o presidio, incluidos delitos violentos".
Es más, detallaron que entre ellos se lograron identificar los "
delitos de estafa, tráfico y microtráfico de estupefacientes, producción de material pornográfico infantil, abuso sexual, robo con violencia, homicidio, lesiones en contexto de violencia intrafamiliar, entre otros".
25/01/2024
14:58
