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Movilh denuncia crímenes de odio aumentaron un 66% en relación a 2021

La vocera del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, Javiera Zúñiga, realizó una comparación en el número de los delitos cometidos a personas de la comunidad LGTBIQA+, los cuales aumentaron de 3 a 5 en menos de un año.

Movilh denuncia crímenes de odio aumentaron un 66% en relación a 2021 EFE
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(EFE) – El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) denunció este lunes un aumento de 66 % en crímenes homofóbicos y transfóbicos en comparación a 2021, por lo que la organización llamó a una marcha para demandar una institucionalidad antidiscriminatoria y la reforma a la Ley Zamudio.

“Mientras en 2021 conocimos 3 crímenes de odio, lamentablemente en 2022 la cifra se ha elevado a 5 sin que termine aún el año (…) Es una situación preocupante, gravísima, y que pone la alerta que pese a las conquistas en leyes y políticas públicas, los avances han sido insuficientes para mermar los delitos y violencia contra las personas LGBTIQA+ en razón de su orientación sexual e identidad de género”, señaló la vocera del Movilh, Javiera Zúñiga.

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“El 2022 concentrará la segunda cifra más alta de crímenes de odio conocidos en Chile, con el peligro de que antes de finalizar el año el número aumente y se iguale al de mayores crímenes, ocurrido en 2020”, agregó según los Informes Anuales de DDHH de la Diversidad Sexual y de Género.

Cabe recordar que nuestro país cuenta desde 2012 con una Ley Antidiscriminación conocida como Ley Zamudio, en memoria a Daniel Zamudio, víctima de un asesinado homofóbico en el Parque San Borja, en pleno centro de Santiago.

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Su caso, uno de los más brutales conocidos en el país, marcó un antes y un después en la historia de los derechos LGBTI y dio origen a la primera sentencia por un crimen homofóbico en Chile.

A pesar de los avances que la norma significa, activistas de la diversidad sexual consideran que la ley tiene algunas deficiencias, como la falta de una institucionalidad antidiscriminatoria, que sea la víctima quien deba probar el abuso ante la justicia, o la imposibilidad de cuestionar fallos y sentencias discriminatorias.


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