Un preocupante llamado realizó este jueves el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego (DC), quien pidió a las personas, empresas, organizaciones y Estado, cuidar el agua ante la grave crisis hídrica que desde hace tiempo afecta al país.

Producto de esta situación, tomando en consideración la mega sequía y el cambio climático, la autoridad expresó que “no podemos descartar racionamiento de agua para Santiago, Región Metropolitana, este año”.

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Junto al anuncio anterior, Orrego se sumó a la demanda por nulidad de contrato entre Aguas Andinas y Alto Maipo, una acción judicial que fue presentada por ambientalistas y movimientos ciudadanos.

“El giro de la concesión es asegurar el agua para la ciudad, no hacer negocios con terceros, menos en tiempos de crisis hídrica”, exhortó el gobernador.

Una petición que va de la mano con los datos revelados tiempo atrás por el ministro de de Obras Públicas, Alfredo Moreno, al momento de impulsar un plan gubernamental en contra de la sequía. Según dijo, el 2021 fue “el cuarto año más seco en la historia de Chile”.

Por su parte, desde el movimiento No Alto Maipo destacaron el respaldo de Orrego a esta demanda de nulidad que fue presentada en 2019, buscando “dar por finalizado el convenio donde la sanitaria entrega las reservas de agua de la capital“.

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Código de Aguas

En relación a este recurso natural, este miércoles, y tras 11 años de amplios debates, el Congreso despachó el proyecto que actualiza el Código de Aguas. Una iniciativa que se centra en cuatro ejes: Consumo humano, aguas del minero, asuntos de carácter misceláneo, y características de las concesiones.

Respecto del primero, se estableció una mejora en la redacción a fin de asegurar la coherencia en la denominación de los usos prioritarios y enfatizar su preferencia. En el caso de la extinción de los derechos sobre reservas, se mantuvo la posibilidad de impetrar recursos, pero acotando la suspensión del cumplimiento, en forma excepcional, a la reclamación.

En cuanto a “aguas del minero”, se logró acordar que los concesionarios mineros deberán informar a la DGA para utilizar las aguas, fijando un plazo de 90 días, prorrogables por solo una vez, para que dicha repartición evalúe si la extracción afecta la sustentabilidad del acuífero o los derechos de terceros y manteniendo la restricción, acordada en el Senado, de que tales aguas sólo pueden utilizarse en faenas de explotación.

Por otro lado, y entre otras modificaciones, se estableció la prohibición de construir sistemas de drenaje en las zonas de turberas, incluyendo a la provincia de Chiloé, además de las Regiones de Aysén y de Magallanes.

Plan por sequía

Días antes a este avance legislativo, el gobierno había anunciado una serie de medidas para enfrentar la crisis hídrica que vive el país. Tal como se señaló anteriormente, este plan surge al considerar que el 2021 fue “el cuarto año más seco en la historia de Chile”, según indicó el ministro de de Obras Públicas, Alfredo Moreno.

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Esta estrategia se pretende aumentar la disponibilidad de agua, mejorar la eficiencia en su uso, asegurar el abastecimiento para el consumo humano y la producción de alimento. Lo anterior, considerando que “hoy, en nuestras reservas de agua que están en la nieve, tenemos un déficit del 100% en regiones como Coquimbo. Cerca del 70% u 80% en zonas como Valparaíso, Región Metropolitana y 50% en el centro-sur del país”, explicó Moreno.

Lo que significa que los caudales de los ríos en la zona centro-norte están “en los niveles más bajos que hemos tenido en la historia”, mientras que en la zona centro-sur se encuentran “muy cercanos a esos mínimos históricos”, añadió el secretario de Estado.

Para ello, se diseño un plan de emergencia enfocado en el uso de agua desalada, tecnificación de riego para la producción de alimentos, agua potable rural y uso eficiente en ciudades.

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