Una nueva investigación periodística del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) remeció al mundo: Los Pandora Papers revelaron que el presidente Sebastián Piñera selló la compraventa del proyecto minero Dominga con el empresario y amigo personal, Carlos Alberto Délano, en Islas Vírgenes Británicas.
La noticia no dejó indiferente a nadie. Candidatos presidenciales, la ciudadanía y distintos políticos reaccionaron ante la evidencia trabajada por los medios chilenos Ciper y LaBot.
Aún así, el gobierno respondió que "los hechos mencionados ya fueron investigados en profundidad por el Ministerio Público y los Tribunales de Justicia durante 2017".
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No obstante la respuesta del Ejecutivo, los diputados Gabriel Silber (DC) y Marcelo Díaz (Unir) anunciaron estudios previos para entablar una nueva acusación constitucional contra el jefe de Estado.
"Es altamente grave que el presidente Piñera haya sujetado la aprobación de un permiso ambiental a una operación económica de la cual participaba o tenia interés de carácter directo", manifestó Silber.
Asimismo, planteó que "desde la oposición vamos a pedir máxima transparencia respecto de las actuaciones del presidente Piñera, su familia o quienes lo representen en cuanto al proyecto Dominga. No nos vamos a inhibir de ninguna acción de fiscalización, ya sea una comisión investigadora o analizar una acusación constitucional".
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En la misma línea, Díaz declaró que el reportaje "confirma que el presidente Piñera usa la institucionalidad del Estado en beneficio propio. En este caso, para incrementar su ya abultado patrimonio, su enorme fortuna".
"Hace poco más de un mes se convoco una sesión extraordinaria de la Comisión Ambiental de la Región de Coquimbo (Coeva) para aprobar este proyecto, cuando no había ninguna necesidad ni urgencia. Esto confirma que se hizo para favorecer directamente al presidente de la República en términos personales", mencionó.
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En ese punto, el parlamentario recordó cuando Coeva rechazó el proyecto en 2017. Según sus indicaciones, Dominga representaba un riesgo en el ecosistema marino. Tras una batalla legal, la comisión aprobó la iniciativa en agosto de 2021.
Finalmente, señaló que "la gravedad de esta situación amerita evaluar todas las alternativas, incluida una acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera".
03/10/2021
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