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Durante la mañana de este sábado, Alejandro Barra, padre de Antonia, en compañía de abogados y parlamentarios, presentaron un proyecto de ley denominado “Justicia para Antonia”, que busca proteger a víctimas de delitos sexuales.

“El proyecto busca reivindicar la justicia y mejorar en artículos lo que tenemos para que las víctimas de delitos sexuales facilite la gestión del organismo y hacer justicia en este país”, dijo Barra.

Roberto Celedón, representante de la familia, también estuvo presente en la instancia y señaló que han detectado “una serie de vacíos” en el sistema de protección a las mujeres.

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En concreto, la iniciativa tiene por objetivo hacer efectiva la Convención Interamericana Belém do Pará, que busca prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, y que fue firmada por Chile en 1996.

Mercedes Bulnes, abogada querellante de una de las víctimas que acusa a Martín Pradenas de violación y abuso sexual, indicó que “hay que ajustar la legislación interna, no necesariamente para aumentar las penas, sino para llenar los vacíos que impiden que la investigación y la sanción de estos delitos, que son atroces, puedan llevarse a cabo con éxito”.

“Se trata de ajustar la legislación nacional, según el compromiso del Estado, a la legislación internacional en esta materia”, agregó.

Otras modificaciones

En la instancia también estuvieron presentes los parlamentarios de diferentes sectores políticos, quienes acompañaron al padre de Antonia Barra.

El diputado Gonzalo Fuenzalida (RN) dijo que “tenemos un sólo sueño, hacer de la justicia más justa en Chile, más justa para Antonia y para víctimas que han sufrido delitos sexuales. Queremos que nunca más en Chile un juez envíe un violador a su casa porque los delitos que investiga se olvidaron, envejeciendo y silenciaron a las víctimas este proyecto, entre otras cosas, busca que los plazos de prescripción no envejezcan, no se olviden y permitan hacer más justicia en estos casos en Chile“.

Por su parte, la diputada Maite Orsini (RD) afirmó que “el Estado tiene que entender que un violador, que un agresor sexual, es un peligro para la sociedad. Como bien dijo ayer la Corte de Apelaciones de Temuco, el Estado tiene el deber de garantizar una vida libre de violencia a las mujeres y en este caso, víctimas de violencia sexual”.

“Por eso lo que proponemos, entre otras cosas en este proyecto, es que los delitos sexuales sean especialmente considerados para decretar una prisión preventiva como un peligro para la sociedad. Este proyecto lo hacemos por Antonia, pero también por todas las mujeres de Chile a las que el Estado no les creyó y no protegió”, enfatizó.

Paulina Núñez (RN) en tanto, aseveró que “no pueden las víctimas de delitos sexuales seguir viendo a quienes abusaron de ellas o las violaron caminando libremente por la calle. Nuestro compromiso con con Alejandro, con los abogados y con toda la sociedad chilena es que este proyecto sea ley. Queremos establecer como un derecho de las víctimas de violencia sexual, el alejamiento, incluso terminada la condena”.

El diputado del Movimiento Unir, Marcelo Díaz, aseguró que “vamos a incluir en el proyecto de ley que las penas se cumplan efectivamente y que quienes son condenados por estos delitos no puedan acceder a penas alternativas y que tengan la obligación de cumplir una parte importante en prisión”.

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