{"multiple":false,"video":{"key":"oVRX32BPXA","duration":"00:02:44","type":"video","download":""}}

Les hacían firmar un pagaré, entregar un cheque en garantía o incluso pagar dinero en efectivo. Eran las exigencias que realizaban algunas clínicas a sus pacientes para entregarles la atención de urgencia que requerían. Una práctica ilegal por la que la Superintendencia de Salud los multó con más de $1.200 millones. «Las sentencias finales del año 2020 arrojaron un total de 58 multas cursadas a 15 prestadores privados», reveló el superintendente Patricio Fernández. Se trata de multas históricas en contra de estos recintos privados de salud que, según la autoridad, tenían la práctica de condicionar la atención de aquellos pacientes que ingresaban por Ley de Urgencias. «La Clínica Dávila fue la más multada, después seguía la Clínica Tabancura y la Clínica Bicentenario, donde claramente ahí había una conducta interna de quizás establecer un procedimiento de cobro anticipado», agregó Fernández. Desde la Clínica Dávila, a través de un comunicado, aseguraron que tales multas son consecuencias de un cambio de criterio aplicado por la Superintendencia de Salud. Tras la fiscalización realizada por este organismo, el recinto modificó sus políticas y las ajustó de acuerdo a dichas definiciones. Por su parte, las clínicas Tabancura y Bicentenario, que pertenecen a Red Salud, detallaron que estas multas cursadas en 2020 corresponden a procesos de años anteriores.

Tags:

Deja tu comentario