Vuelco en el caso de actriz que lució vestido transparente: Se salvó de la cárcel pidiendo disculpas
Abogados la acusaron y denunciaron por un “acto obsceno en público” y por “incitar al libertinaje, la lujuria y tentación”.
EFE
Los abogados que denunciaron a la actriz egipcia Rania Youssef por un acto que incita al «libertinaje y la lujuria» al ir a un festival con un vestido transparente que dejaba ver sus piernas, retiraron este martes la acusación, después de que ella se disculpara en redes sociales, informó a Efe un fuente judicial.
Los tres abogados han retirado la denuncia después de que Youssef se disculpase en su perfil de Facebook ante «a las familias y a la sociedad egipcia por el incidente«, según la fuente.
Tildaron su comportamiento durante la clausura del Festival Internacional de Cine de El Cairo de «incorrecto y no intencional», motivo por el que han decidido «retirar todas las medidas legales» contra ella.
EFE
Youssef iba a ser juzgada el próximo 12 de enero por un tribunal penal de El Cairo por haber cometido, según la acusación, un «acto obsceno en público, incitar al libertinaje, la lujuria, la tentación y extender el vicio por medios que violan las normas establecidas en la sociedad egipcia«.
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Esto es lo que los abogados vieron en el vestido negro transparente con el que Youssef acudió el jueves a la clausura del Festival de El Cairo, con el que mostraba las piernas y parte de sus glúteos. Además, el sindicato de actores egipcio censuró a la actriz por su indumentaria afirmando en un comunicado que algunos de los invitados a la clausura «no se ajustaron a las tradiciones de la comunidad y sus valores morales«.
No es la primera vez que abogados llevan ante los tribunales egipcios a artistas invocando la defensa de la moral pública. En 2015 un tribunal condenó a dos bailarinas de danza del vientre a seis meses de prisión por «incitar al libertinaje» en dos videos musicales que protagonizaron.
También en este caso, las bailarinas fueron denunciadas por un abogado apoyándose en que la ley egipcia estipula que cualquier persona testigo de un delito tiene el derecho a presentar una denuncia ante los tribunales del país, que deben decidir si se abre o no un procedimiento formal.
