Los hechos se remontan a un 11 de septiembre de 2014 en La Legua, es decir, luego de siete años se dictaron las medidas cautelares. La familia de la víctima denuncia que el Estado nunca se acercó a ofrecer algún tipo de ayuda y aseguran que lo único que quieren es que la persona en cuestión quede tras las rejas.
En la jornada de este viernes 12 de noviembre, la Fiscalía Metropolitana Sur, formalizó a un carabinero acusado de disparar un proyectil de goma contra un niño de nueve años, quien quedó ciego de un ojo en la población La Legua, comuna de San Joaquín.
En ese sentido, el funcionario policial identificado como Jorge Araya Parodi, quedó con las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional, prohibición de porte de armas y de acercarse a la víctima.
Según las indagaciones, el hecho habría ocurrido el pasado 11 de septiembre de 2014, en el momento que se llevaba a cabo una manifestación en el marco de un nuevo aniversario de la fecha en la que fue perpetrado el Golpe de Estado en 1973.
Un 11 de septiembre de 2014
Según la información barajada, a eso de las 22 horas, efectivos desde un carro policial habrían disparado a la gente sin motivo alguno y sin previo aviso.
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El balín impactó en el ojo derecho de Alexander, quien finalmente perdió su visión y además, quedó con otras lesiones en sus extremidades.
"Carabineros actuó de forma inversa y fue del débil el abusador. Esto solo es posible por el tiempo de impunidad del que órganos del Estado han dado protección al agresor", dijo a Biobío, Cristián Cruz, el abogado querellante de la causa.
Es relevante consignar que la audiencia fue realizada en el decimosegunda Juzgado de Garantía de Santiago, y el Ministerio Público imputó el delito de lesiones graves gravísimas.
Según un reportaje del mismo medio citado, el pequeño luego del alta médica por sus daños físicos, quedó con secuelas psicológicas, no obstante, la madre denuncia que ningún organismo del Estado se acercó para ofrecer algún tipo de ayuda.
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La falta de justicia y reparación
Incluso, la familia aseguró que si este caso se hubiera resuelto a tiempo, tras la revuelta e octubre de 2019, no existirían tantas personas con daños oculares, producto de los disparos de Carabineros.
Con respecto a la investigación, luego de siete años, recién en la jornada de este viernes el mayor de la institución fue formalizado.
Lo anterior, debido a que el fiscal que tuvo la causa en primera instancia, Patricio Pérez, derivó el caso a la justicia militar, organismo en el cual fue archivado. Sin embargo, cuatro años después, la Corte Suprema ordenó que la causa volviera a los tribunales civiles.
En ese contexto, se descubrió que Pérez, es un oficial en retiro de la policía y que además, es profesor de la Academia de Ciencias Policiales. La defensa y la familia de la víctima advierten que se debía haber inhabilitado del caso.
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Finalmente, la causa llegó a manos de la fiscal Paulina Díaz, quien logró los avances respectivos. La persona formalizada, hoy es coronel y Jefe del Departamento de Operaciones Santiago Oeste.
Un dato no menor, es que Araya, fue alumno de la academia de ciencias policiales, donde el fiscal dictaba cátedra, no obstante, no se ha podido establecer un vínculo directo.
La familia del menor, junto a él, creen que la indemnización no le devolverá su ojo y lo único que quieren es cerrar el capítulo de sus vidas. Lo que sí buscan, es que condenen al carabinero con cárcel.
"Te discriminan porque eres de población, porque si hubiera ocurrido en el barrio alto, no hubiésemos esperado siete años", declaró su madre.
12/11/2021
21:03
