Solicitan allanar Gore del Maule, oficinas de Urbanismo Social y casa de ex seremi Rodrigo Hernández

El fiscal de Antofagasta, Cristián Aguilar, solicitó al Juzgado de Garantía de misma región allanar una serie de domicilios en el marco de la investigación por el Caso Convenios, que vincula a institucionales del Estado y fundaciones. En concreto, el Juzgado accedió a la petición de Aguilar y emitió una orden de allanamiento a las dependencias del Gobierno Regional del Maule, las oficinas de la Fundación Urbanismo Social en Santiago y el domicilio del ex seremi de Vivienda del Maule, Rodrigo Hernández.  

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  Según consigna La Tercera, la decisión surge raíz de los vínculos que mantiene Urbanismo Social con los convenios de Vivienda tanto en Antofagasta como en el Maule, donde se detectaron "nexos" entre Hernández y el ex seremi Carlos Contreras. La jueza Claudia Campusano ordenó a “incautar toda la documentación, sea en papel, digital u en otro medio relacionado al convenio precitado suscrito con la Fundación Urbanismo Social, incluyendo toda aquella previa que sirvió de antecedente para la elección de la fundación por la autoridad y la relativa a la ejecución del convenio y rendición, si existiere, y computador o computadores, que contenga información vinculada a los hechos investigados”. Asimismo, se solicitó el allanamiento del domicilio de Hernández “para incautar toda la documentación relacionada con los convenios enunciados, y computador o notebook, y teléfono celular que contenga información vinculada a los hechos investigados”. “Se procederá con el registro y extracción de toda la información que contengan las especies que puedan incautarse, contenida en archivos y en conversaciones, por medios electrónicos, sea por correo u otro medio análogo, o por WhatsApp, según corresponda, que digan relación con los hechos investigados“, agrega la resolución. También se allanaron e incautaron dos computadores de las oficinas del Gobierno Regional de Antofagasta (Gore) en el marco de la investigación realizada por el traspaso de más de $680 millones a la Fundación ProCultura para pintar la fachada de un edificio.

 

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