25/01/2022
17:30
El pasado 19 de enero se realizó la Participación Ciudadana por la ampliación de la faena de Diomedes Cruz en el sector, una instancia que encontró a los vecinos con los representantes de la mina y el Servicio de Evaluación Ambiental. La reunión terminó de manera abrupta, ante el descontento de la comunidad por las respuestas recibidas.
El conflicto ambiental de la minera San Cayetano, en el sector de Las Mollacas y La Chimba (Ovalle, Región de Coquimbo), sumó un nuevo episodio en la tarde del pasado miércoles 19 de enero, cuando se realizó el encuentro entre los representantes de la empresa con las vecinas y vecinos de las comunidades aledañas y el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), en el inicio del proceso de Participación Ciudadana que es parte del análisis del proyecto, ante su solicitud de ampliación.
En la instancia, realizada en la sede de la APR del sector Llanos de La Chimba, una comitiva de la minera del titular Diomedes Cruz se presentó para detallar los alcances del proyecto y responder a las inquietudes de la ciudadanía. La reunión estuvo marcada por la tensión que genera el proyecto en la comunidad, que llegó en masa a presentar sus descargos ante las externalidades negativas que podría generar la faena.
Alrededor de 150 personas asistieron a la actividad y recibieron a su contraparte con globos negros, pancartas y gritos de protesta. Después de dos horas de discusión, la instancia terminó de manera abrupta ante el hastío de los asistentes ante lo que consideraron como insuficientes respuestas por parte de la minera, cuya faena se encuentra a no más de 200 metros de las casas del sector.
“No tengo todos los antecedentes; tenía que venir más preparado. Les pido las disculpas del caso", alcanzó a decir el gerente de prevención del proyecto antes de que los vecinos se fueran del lugar.
Lee también: Chile se seca: Clima semiárido se instala sobre la zona central“Estamos muy decepcionados de todas las respuestas de la minera y del SEA. Creo que no fueron respuestas contundentes. No estaban preparados y, en ese sentido, estamos desilusionados. Como comunidad, nos hemos tenido que organizar a pulso, venimos mucho tiempo solicitando esto, entonces qué rico ver a mucha gente organizada y preocupada por el medioambiente, pero por otro lado que lata ver a nuestras autoridades haciendo vista gorda a lo que está pasando acá”, señaló Ignacia Cienfuegos, una de las vecina del sector, habitado por más de 200 familias.
El proceso de Participación Ciudadana continuará ahora de manera digital, con la posibilidad de que la comunidad ingrese sus descargos al sistema de evaluación, antes de la aprobación o desestimación final por parte del SEA. La ampliación del proyecto considera un alza en el tonelaje de 5 mil a 60 mil toneladas mensuales, además de un relave de 330 mil toneladas. Además, la comunidad denuncia el sobreuso y contaminación del agua, contaminación acústica por las tronaduras de prospecciones mineras y afectación a la flora y fauna local.
De parte del organismo estatal, también realizaron un balance de la actividad. “Me da la impresión que la comunidad pudo expresarse, pudo explicarle al titular del proyecto cuál es la problemática que ellos tienen. Pudieron hablar todos y el titular intentó explicar en qué consiste el proyecto. Lógicamente, el proyecto genera preocupación porque la comunidad siente que se ven afectada”, sostuvo Claudia Martínez, directora regional del Servicio de Evaluación Ambiental.
Sin embargo, el SEA también recibió cuestionamientos por parte de los vecinos, en particular por la negativa que dio originalmente al proceso de Participación Ciudadana, decisión que luego fue revocada por la Corte Suprema.
Lee también: Bosques comestibles: La iniciativa de egresados de la U. de Chile para enfrentar el cambio climático"En el proceso anterior no se realizó participación ciudadana porque no está tipificado dentro del reglamento que los proyectos mineros tengan per sé una participación ciudadana. Pero estamos en esta instancia posterior a la resolución de la Corte Suprema, que indicó que se tenía que hacer”, explicó Martínez.
El proyecto, que ahora debe responder a las inquietudes ingresadas por la comunidad, ya había recibido la aprobación por parte del organismo público para su funcionamiento, puesta en marcha que debió suspenderse ante la decisión de la Corte Suprema. Ante los cuestionamientos de los asistentes a la consulta ciudadana de por qué se votó a favor de un proyecto que tenía múltiples observaciones de parte de diversas instituciones, la directora explicó: “Votamos a favor porque todos los demás estaban votando favorable”.
La minera San Cayetano ha recorrido un intrincado camino desde su instalación, sin poder conseguir su funcionamiento normal debido a una serie de irregularidades que han sido denunciadas por las comunidades aledañas.
En 2007, Diomedes Cruz presentó el primer proyecto extractivista en el sector, pero desistió en su intento por instalar su faena al momento en que le fue solicitado un Estudio de Impacto Ambiental que se pudiera apoyar en fundamentos técnicos y científicos para descartar afectaciones socioambientales en el territorio.
Lee también: Posible racionamiento de agua por crisis hídrica en la RM: "Nadie quiere este escenario, pero no se puede descartar"En 2019 logró la aprobación de un proyecto de menor envergadura, esta vez con el nombre de San Cayetano, el cual fue categorizado como pequeña minería. Sin embargo, un año más tarde, fue denunciado por el fraccionamiento de una faena mayor a través de distintas representaciones legales que funcionaban como un sólo gran proyecto. La estrategia le permitió trabajar una cantidad de material superior a la informada al Servicio de Evaluación Ambiental, que otorgó permisos de funcionamiento sin hacer una evaluación integral de la planta.
En ese contexto, ante la denuncia, la Superintendencia de Medioambiente falló en contra de la minera, a través de un procedimiento sancionatorio, el cual determinó la ejecución de un plan de cumplimiento que, según denuncian los vecinos, no ha tenido la debida fiscalización por parte de los organismos competentes.
La última controversia estuvo marcada por la negativa del Servicio de Evaluación Ambiental a conceder la Participación Ciudadana a las comunidades, aludiendo que no procedía dentro de la evaluación, pese a la solicitud formal realizada por la ciudadanía y las externalidades negativas denunciadas. El reclamo fue judicializado y llegó hasta la Corte Suprema, donde se revocó la decisión del SEA y se dio lugar al encuentro que se realizó este miércoles 19 y que comenzará a definir el futuro del polémico proyecto.
