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Este jueves, la Segunda Sala de la Corte Suprema ordenó la liberación de los ocho comuneros mapuches acusados de ocasionar una serie de ataques incendiarios en la Araucanía.

Uno de los argumentos de la defensa fue que no existen pruebas suficientes que vinculen a los presuntos responsables con los hechos indagados, lo que fue acogido por el máximo tribunal.

Luego de ello, Héctor Llaitul, Ernesto Llaitul, Jaime Huenchullán, Rodrigo Huenchullán, Fidel Tranamil, Martín Curiche, David Cid y Claudio Leiva quedaron en libertad, lo que no significa que la Fiscalía abandonará la investigación.

La abogada de la Defensoría Penal Mapuche, Patricia Cuevas -que en este caso representa al vocero de la Coordinadora Arauco Malleco-, explicó en Última Mirada que el Ministerio Pública ha presentado evidencias que no son concluyentes.

“La sociedad necesita a responsables. Cuando ocurren delitos, la sociedad necesita tener personas encerradas para decir que se está haciendo justicia. Eso no debe confundirse con privar de libertad a personas, sin medios suficientes para acreditar su participación en un delito tan importante como éste”, explicó la defensora.

Cuevas además cuestionó la forma en que la Fiscalía tuvo acceso a supuestas conversaciones telefónicas de los imputados. “Es un tema bastante delicado, que se ve a desarrollar en los tribunales de justicia… Lo que acá se interceptó fue WhatsApp y Telegram, supuestamente, pero estos servicios tienen servidores extranjeros. Es relevante saber cómo se accedió a esta información”, acotó la abogada.

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