Por Julio Sánchez
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Domingo 20 de octubre. El reloj marca las dos de la tarde. Maribel Bravo viaja junto a su hija de 9 años, su sobrino de 10 y tres personas más en un auto Sedán. Están en Pudahuel, a la altura de la calle Huelén, en una bencinera. Cargan combustible. De un momento a otro “escuchamos un ruido, gente venía corriendo, de un saqueo, creo”.

A esa altura, ya habían concurrido 72 horas desde que en la Región Metropolitana, y en todo el país, el despertar social era una realidad. En ese contexto, y temiendo el desabastecimiento, es que Maribel fue a llenar de combustible su auto.

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“Cuando vimos a la gente, le pregunté al bombero de la estación si se podía apurar. Luego, salimos rápido, y carabineros se fijó en nuestro auto”, cuenta Maribel. Tras ello, sintieron alrededor de tres disparos. Uno de ellos impactó en su hija y luego se alojó a un costado de la espalda de su pequeño sobrino.

“Nos hicieron bajar, los niños estaban sangrando. A todos nos hicieron que nos pusiéramos en el piso, boca abajo”, explica la mujer a Reportajes de CHV Noticias.

Su sobrino hoy permanece internado en la Unidad de Paciente Crítico del hospital Félix Bulnes. “Los médicos no le pusieron sacar la bala”, dice Maribel. Su hija, tras una semana hospitalizada, fue dada de alta este sábado.

La represión

El caso de Maribel fue uno de los 20 que ha identificado la Defensoría de la Niñez como ataques a menores de edad por parte de uniformados bajo el estado de emergencia.

Es necesario ponerle nombre y cara a quienes están sufriendo las vulneraciones a los Derechos Humanos, porque estos no son números y el Estado es responsable de cada una de las personas que, en un contexto en que han sido incapaces de controlar la delincuencia con los organismos policiales, han sido incapaces de evitar que los DDHH de la población más vulnerable como son los niños y niñas y adolescentes”, dice al respecto Patricia Muñoz, defensora de la Niñez.

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Desde 1987, bajo dictadura militar, que las protestas no eran reprimidas bajo un estado de emergencia con toque de queda. Hoy se habla de excesos abusos y derechamente de violaciones a los DDHH. Si hace cuatro décadas estos hechos quedaban rápidamente en el olvido, hoy las cámaras han podido registrar lo que antes se callaba o estaba condenado al olvido.

Cinco de las muertes ocurridas son atribuidas a la acción de uniformados: Romario Veloz, La Serena, producto de un disparo en el cuello por militares; Alex Núñez, Maipú, producto de golpes con lumas en el cráneo y tórax por carabineros; Kevin Gómez, Coquimbo, por un disparo por parte de militar; Manuel Rebolledo Navarrete, Talcahuano, arrollado por un vehículo de militares; y José Miguel Uribe Antipán, Curicó, por un disparo por parte de militar.

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