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“Esta es mi casa, no me la pueden quitar (…) Tienen luz y agua, pero no pagan. No puede ser si deben como $800 mil”. Fue uno de los gritos desesperados de Claudia González, la dueña de una casa quien se aburrió de no recibir los pagos de arriendo y que acusa a sus inquilinos por una deuda que superaría los $5 millones, además de cuentas impagas de varios meses en agua, luz y gas.

“Sí, te estoy amenazando. Vo’ no me conocí’ a mí”, le respondía el deudor a la mujer, la que ya había ingresado al patio de la casa. Amenazas que poco le importaron, a pesar de que estaba siendo grabado.

Así fue un ambiente más que caldeado que enfrentó a estas personas que en algún momento establecieron de manera cordial y, en buenos términos, un contrato de arriendo. De eso no queda nada, sólo deudas por parte del arrendatario, quien, sacando cuentas, acarrea estos montos desde hace mucho antes del inicio de la pandemia, según afirmó la dueña de casa.

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El drama de ella representa al de muchos propietarios que decidieron poner en arriendo un inmueble y que vieron cómo los efectos de la pandemia crearon este daño colateral.

Los años de juicio que Claudia tuvo que esperar y luchar al parecer fueron en vano, ya que debido a las medidas sanitarias, una de las normativas que se decretó fue la suspensión de los desalojos y embargos, por lo que sus deudores no están obligados por ley a salir, aunque no paguen y pese a la orden emitida por un tribunal para su desalojo. Aquellos procedimientos judiciales se encuentran temporalmente suspendidos mientras dure la pandemia.

“Impotencia y rabia porque nadie hace nada. Hace dos años que me tienen tomada mi casa”, expresó Claudia, decepcionada del sistema que la dejó a ella y a muchos sin respuesta ni soluciones.

Suspensión al desalojo y más testimonios

«Algunos de nuestros tribunales están suspendiendo el desalojo y, además, han suspendido toda la etapa de cumplimiento de fallos de juicios de arrendamiento», explicó el abogado Ítalo Aguilera.

Carolina Rosales es otra propietaria quien aseguró haber ganado el juicio para echar a sus arrendatarios que le debían $4 millones, sin embargo, le ocurrió algo similar que a Claudia González.

“El proceso del alzamiento con fuerza es algo que los tribunales me taparon y me dijeron que no podía seguir”, relató Carolina. Dicho alzamiento hace partícipes a la fuerza pública, quienes son los que, como lo dice su nombre, fuerzan la salida de los morosos del inmueble.

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Los problemas se multiplican y en el caso de Alicia Fuentes, otra de las mujeres que no ha recibido pagos de su propiedad en arriendo, en estos momentos vive de allegada, ya que al estar su casa tomada, ni siquiera puede ocuparla para sí.

Gabriela de Punta Arenas y Ángela Montana de Concepción son más de los casos que surgen con la misma problemática. Ellas exigen que las autoridades intervengan en este sentido: “Necesitamos que el gobierno se ponga las pilas ya que estamos en completo abandono ante esta situación”.

“Necesitamos que se apruebe con urgencia la nueva ley de arriendos para que se hagan juicios más justos, más cortos y de calidad”, recalcó Ángela, en una medida que se venía tramitando hace años en el Congreso, pero que a causa de la pandemia se estancó.

Los conflictos más grandes casi siempre se generan en uno de los puntos que mencionó Ángela Montana y es el relacionado con los tiempos que tardan los juicios, los que pueden tomar meses y hasta años. Tiempo que transcurre, con los deudores aún viviendo en los inmuebles, sin pagar y muchas veces, incluso, causándole daños a la propiedad.

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