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La ocupación ilegal de los terrenos del empresario Alejandro Correa continúa a un año de su crimen, engañando a personas y con la desidia de instituciones del Estado y el Ministerio Público por restablecer el derecho de su familia. En Quilpué están emplazados estos terrenos que originaron el asesinato de Correa, quien en septiembre de 2019 interpuso una denuncia contra Renato López por ocupar estos espacios. Por esta razón, López habría contratado a un sicario que le quitó la vida al empresario el 18 de mayo de 2020. Con el paso del tiempo, la toma ha tenido un claro avance pese a las denuncias de su familia y acciones judiciales. Todos quienes han llegado a la toma, apuntan a Luis Alarcón como el encargado de este suceso que está siendo investigado por delito de loteo irregular y posible venta. Alarcón se define como asesor de tomas y reconoce que Correa le advirtió personalmente sobre la usurpación de los terrenos antes de morir, aunque indica que tiene la duda de si esos terrenos son efectivamente del empresario o de propiedad del fisco, pese a que él mismo posee los documentos del Conservador de Bienes Raíces que establece los límites de la propiedad de Correa. Ad portas del juicio por el asesinato, la familia prefiere guardar silencio. Mientras que desde el Municipio de Quilpué tampoco quisieron referirse al tema. De hecho, el alcalde Mauricio Viñambres indicó que no hablará sobre esto por órdenes de guardar silencio, sin especificar de dónde surgieron dichas órdenes.

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