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Subarriendo de espacios. Propiedades que se adaptaron para alquilar internamente, muchos de ellos en situación irregular.

«Un baño, una cocina y un dormitorio a $150 mil, nada de gastos comunes. Trata de ser lo más accesible posible para que la gente pueda pagar», asegura el propietario de dos casas que en el interior cuentan con una especie de minidepartamentos.

Estos no tienen ningún tipo de permiso de construcción. Lo preocupante es que allí se instalan familias que pueden llegar a pagar altas sumas de dinero.

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Una mujer extranjera arrienda un lugar para ella y sus dos hijos. Fue la única opción que encontró cuando llegó al país, ya que no le exigieron mayores documentos. Sin embargo, estas construcciones no siempre son las más seguras.

«Se dieron cuenta que el negocio era muy rentable. Arriendo por pieza, les cobro promedio $250 mil y hay cero condición de habitabilidad», lamenta el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri.

Hace pocos días, vimos un grave incendio en el Barrio Brasil. Seis casas fueron arrasadas por las llamas. En ellas vivían más de 100 personas que subarrendaban espacios, quienes perdieron todo.

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Una realidad que ven con preocupación, porque estas propiedades no cuentan con las condiciones para albergar a sus habitantes. En Santiago, más de cuatro mil personas viven en esta condición. El problema, según las autoridades, es la falta de normativa al respecto.

César Marfitani, director de obras de la Municipalidad de Santiago, explica lo difícil que es fiscalizar estas viviendas, ya que «generalmente el dueño nunca esta en la propiedad. Ellos se dedican a subarrendar y a lucrar con esto».

Actualmente no existe algún reglamento que regule los subarriendos. Si bien hay proyectos en el Congreso no han avanzado más allá. Por lo mismo, las ordenanzas municipales son ineficientes.

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«Hemos presentado un proyecto de ley hace un buen tiempo que le permite a las municipalidades fiscalizar y perseguir al dueño del inmueble», detalla el diputado Gonzalo Winter.

A la fecha, se han cursado cerca de 80 multas por esta práctica, pero aseguran que  la medida tiene poco efecto sobre quienes están a cargo de estas propiedades. «El parte son más o menos $60 mil. Cuando están cobrando $250 mil la habitación, prefieren pagar la multa y seguir con su negocio, que es muy lucrativo».

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