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Más de dos millones de dólares logró generar una organización criminal dedicada al tráfico de migrantes, que usaba a Chile como país de tránsito para las víctimas de diversas nacionalidades que pretendían llegar a EE.UU., a través de la falsificación de identidades chilenas.

La estrategia era captar en Perú y Ecuador a personas que pagaban 14 mil dólares por adquirir pasaporte chileno. Luego se buscaba a un hijo de algún compatriota nacido en el extranjero, que no hubiese solicitado su cédula de identidad, para asignársela a los migrantes.

Esta cédula permitía hacer uso del programa especial de exención de visa waiver, beneficio que mantiene EE.UU. con nuestro país.

“Es uno de los delitos más lucrativos criminalmente hablando, es uno de los delitos más peligrosos y más crueles en cuanto al trato de la víctima”, comenta la teniente Javiera García, del departamento del OS-9 de Carabineros.

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En tanto que la fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, Carolina Suazo, llevó a juicio a parte de esta banda, entre ellos un ex policía peruano.

“El delito se detectó porque algunos chilenos nacidos en el extranjero intentaron obtener su cédula de identidad y se dieron cuenta que su nombre ya tenía un RUT asociado, pero no correspondía su foto”, detalló Suazo.

Según relató Blanca Allaico, una de las víctima del tráfico de migrantes, “algunas personas nos iban a esta esperando para llevarnos, porque teníamos que hacer algunos papeles, y que todo era legal, por eso nosotros nos metimos a esto“.

Ella es una de las 160 personas que ignoraban que todo era parte de una empresa ilícita bien aceitada que vulneraba los confines del norte d en nuestro país, siendo la policía quienes rescataban a los afectados.

Suazo también añadió que “en EE.UU., otra persona que usó estos pasaportes falsos intentó sacar la nacionalidad norteamericana, siendo descubierto también por su foto”.

Los delitos que se pretenden acreditar en el juicio oral contra esta organización criminal son asociación ilícita, tráfico de migrantes reiterado, falsificación de instrumento público y usurpación de nombre.

Según la fiscal Suazo “estos delitos tienen penas que parten en los cinco años, pero pueden llegar a los 20 años de cárcel”.

Aún hay tres integrantes de esta banda que permanecen en Perú y de los cuales el Ministerio Público ya solicitó la extradición, para perseguir también en Chile las responsabilidades penales que correspondan.

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