Pandora Papers: Ex fiscal Gajardo dice que pdte. Piñera arriesga máximo 5 años de cárcel por cohecho
El abogado explicó que el delito se podría comprobar en caso que se demostrara que el mandatario conocía los antecedentes de la cláusula en la compraventa de Dominga, y que bajo ese conocimiento no declarara como área protegida a la zona donde se emplaza el proyecto.
El ex fiscal Carlos Gajardo se refirió la investigación que decidió abrir la Fiscalía contra el presidente Sebastián Piñera, luego que se conocieran nuevos antecedentes en el marco del caso originado por las revelaciones de Pandora Papers.
Recordemos que el reportaje investigativo informó que en 2010 y tras asumir su primer periodo, el mandatario selló la compraventa del proyecto minero Dominga con el empresario, y su amigo, Carlos Alberto Délano en Islas Vírgenes Británicas.
Al respecto, el ex persecutor valoró la decisión de la Fiscalía y en conversación con CHV Noticias, dejó en claro que el hecho de haber suscrito un contrato que establece una condición que dependía netamente de su decisión “puede constituirse como un delito de cohecho y por tanto, debe ser investigado”.
Lee también: Parisi por Pandora Papers: “La derecha y la izquierda van a confabularse para que quede todo en nada”
Gajardo apunta a una de las cláusulas del documento firmado, que dice que la compraventa del proyecto minero portuario se llevaría a cabo siempre y cuando no se declarara como área protegida la zona donde se emplazaría Dominga.
En ese contexto, afirma que “el hecho fáctico que debe ser investigado es haber impedido que se cambiara el destino donde estaba emplazada la mina”.
“Si el presidente conocía estos hechos y en función de eso, tomó ciertas decisiones para favorecer un pago, eso es un delito de cohecho”, aseguró el ex fiscal.
Lee también: Pandora Papers y Piñera: La cláusula de la discordia que tiene en problemas al presidente
En todo caso, Gajardo aclaró que “para que se produzca el delito, hay que acreditar que el presidente estaba en conocimiento de esta cláusula y que actuó a partir de este conocimiento” y detalló que de comprobarse éste, el mandatario sería juzgado bajo la legislación anterior, obteniendo una pena de máximo cinco años de cárcel.
En tanto, indicó que “la posibilidad de que exista delito tributario depende de que el Servicio de Impuestos Internos (SII) tome la decisión de presentar una denuncia o querella. Sin ella, la Fiscalía no está habilitada para perseguir delitos de carácter tributario”.
Por otro lado, sobre el futuro de la polémica iniciativa ubicada en la Región de Coquimbo, Gajardo expresó que “pareciera que todos estos antecedentes que se están conociendo harían aconsejable, a mí parecer, que esta situación fuera zanjada en el próximo gobierno”.
“Me parece que con todos los antecedentes que se han conocido, lo sensato es que este tipo de decisiones se tomen una vez que el presidente no se encuentre al mando del país”, cerró.
