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“Es que aquí la evidencia se manipuló sin cadena de custodia, obviamente esa prueba está toda viciada y no va a servir para ningún juicio, por lo tanto no va a poder ir a juicio oral y va a tener que comunicar no perseverar”.

Con estas palabras Blanca Rebolledo, la abogada defensora del ministro Mario Elgueta, pide que el Ministerio Público explique las razones y precisar en qué parte de la cadena de custodia se autoriza el traslado de las evidencias a la casa particular del fiscal Sergio Moya.

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Lo anterior, luego de que se diera a conocer que durante el allanamiento a la casa del fiscal, por la llamada Operación Huracán, se incautaran evidencias que él tenía de jueces por el caso de la Corte de Apelaciones de Rancagua.

La incautación ordenada por el fiscal Carlos Palma podría terminar en que se invalide la evidencia que el fiscal Moya tenía en contra de los ministros de la Corte.

Esto, ya que se quebraron las normas que rigen sobre las especies incautadas por el Ministerio Público y que se regulan en los artículos 210 y siguientes del Código Procesal Penal.

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Pero eso no es todo, ya que Rebolledo sostiene que Moya “dice que la evidencia se la llevaron, se las llevaron y más encima dice unos funcionarios policiales y dice por ahí que alguien que ni siquiera recuerda el nombre“.

El problema de lo anterior, apunte la abogada de Elgueta es que “entonces ahora va a ser la palabra de él contra los funcionarios policiales. Te imaginas lo que pasaría si el fiscal Palma dice ‘oiga, yo jamas le he incautado eso’ y Moya dice que sí se lo llevaron”.

¿Al final quién tiene la razón, quién tiene la verdad?“, cuestiona.

Finalmente, Blanca Rebolledo zanja que “esto le hace un daño tremendo al Ministerio Público, creo que lo importante es que se aclare y es Palma el que debe decir si es verdad que esto paso o no”.

“Y si él tiene la evidencia, que diga que la tiene muy bien guardadita como corresponde que la tenga”, zanja.

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El fiscal Carlos Palma había ordenado allanar la casa Moya porque detectó que este fiscal tenía vínculos con el mayor Patricio Marín, quien estaba encargado de la Unidad de Inteligencia de Carabineros y actualmente se encuentra en prisión preventiva acusado de implantar mensajes de texto en los celulares de Héctor Llaitul y otros comuneros mapuches.

Por orden del fiscal nacional Jorge Abbott, Sergio Moya fue apartado de la investigación contra los jueces de la Corte de Apelaciones de Rancagua.

Hasta ahora, Moya había formalizado a Emilio Elgueta por enriquecimiento ilícito y prevaricación.

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