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Una decena de mujeres llegó este jueves a manifestarse hasta el lugar donde operaba una presunta clínica estética en la comuna de Las Condes. Todas, denunciaban las graves consecuencias que dejaron los tratamientos que les realizaron en sus cuerpos.

“Tuve que acudir donde un cirujano plástico porque luego se me reventó el glúteo. La dueña seguía diciendo que nos puso ácido hialurónico”, afirma una de las mujeres que llegó a apedrear el lugar exigiendo respuestas.

Las intervenciones consistían en inyectar ácido hialurónico para aumentar glúteos, senos y caderas, entre otros. Pero en realidad lo que les aplicaban se trataría de biopolímeros o silicona industrial.

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Otra de las afectadas cuenta que acudió al recinto para aumentarse los glúteos y “tras inyectarme el producto, me selló los hoyos con gotita”.

Aunque al principio los resultados eran efectivos, al pasar el tiempo las mujeres comenzaron a ver las graves consecuencias en sus cuerpos. Algunas terminaron hospitalizadas hasta el borde de la muerte.

Mónica Flores Díaz, dueña del supuesto centro de estética, tiene título de técnico paramédico y les decía que el tratamiento no estaba permitido en Chile, pero si en Colombia, y que se encontraba gestionando un permiso con la Seremi de Salud para funcionar bajo la ley.

Inscrito como una microrempresa familiar, el lugar funcionaba con una patente de salón de belleza desde el año 2014, pero no como un centro para realizar cirugias. Hasta ahí llegó Carabineros y la Seremi de Salud para realizar allanamientos y finalmente clausarar el espacio: “Las condiciones de los insumos estaban bajo condiciones de insalubridad total. Este no es un lugar que dé explicación ni para uso de peluquería”, explicó la Seremi de la Región Metropolitana, Rosa Oyarce.

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La acusada también habría realizado procedimientos negligentes el año 2015. La única diferencia es que era en la comuna de La Cisterna. De hecho, esa vez se denunció a través de un reportaje de La Mañana de Chilevisión.

A pesar de eso, cuatro años después seguirían operando. En 2015 el recinto de Las Condes fue fiscalizado por la denuncia de una víctima y no se logró establecer el funcionamiento ilegal.

En 2017 Fiscalía recibió otra denuncia, pero no hubo resolución, ya que la persona que presentó la acusación no siguió con el proceso.

Así hoy, más de 30 mujeres, que aunque sabían que el lugar funcionaba de manera clandestina, tentadas por los bajos valores están con graves secuelas y con el miedo que significa vivir con plástico o silicona en el cuerpo.

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