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La Comunidad Ecológica de Peñalolén se encuentra en medio de una disputa con el Gobierno, con el municipio y con las 360 familias de allegados de esa comuna que esperan hace 13 años una vivienda.

Pero, ¿qué es ese lugar? ¿quiénes viven ahí? y ¿por qué, a lo largo de la historia, se han opuesto a los proyectos de viviendas sociales?

Según Hugo Álvarez, dirigente social de la comuna, no es la primera vez que la Comunidad Ecológica presenta este tipo de recursos para paralizar proyectos de viviendas sociales.

“En 1992, con el campamento Esperanza Andina, fue la primera vez que nos discriminaron. Hicieron la guerra para que no se construyeran las viviendas sociales en el sector”, asegura Álvarez.

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En 2003, la batalla fue aún más dura. El Servicios de Vivienda y Urbanización (Serviu) compró terrenos para viviendas sociales al interior del recinto. Pero -dicen- fue tanta la presión, que el ex ministro de Vivienda, Jaime Ravinet, terminó vendiéndolos.

“Hubo harto de discriminación y segregación. Al final vendimos esos terrenos a una inmobiliaria, lo que nos permitió construir más casas, pero fuera de la comunidad”, asegura Ravinet.

¿En qué consiste el conflicto de hoy? Son 360 familias de allegados de la comuna que hace 13 años esperan una vivienda. En 2014, el Serviu adquirió el terreno para construirlas en Antupirén 10.001, perteneciente al seccional de la Comunidad Ecológica. Sin embargo, la oposición no tardó en llegar.

Para impedir la construcción, un grupo de vecinos interpuso hace dos años el primer recurso de protección en contra de la Municipalidad de Peñalolén y contra su alcaldesa, Carolina Leitao, quien en 2016 cambió el plan regulador para que las viviendas sociales se pudieran construir en ese terreno.

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La normativa pasaba de considerar 50 habitantes por hectárea a 250. Antes de que se conociera el fallo de la Corte, el municipio concedió el permiso de edificación y el 26 de diciembre de 2019 comenzaron las obras, pero en enero de este año la Comunidad Ecológica presentó un nuevo recurso para detener la construcción.

Los vecinos exponen en el documento que se ha “vulnerado su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación”. En el escrito reclaman por la tala indiscriminada de especies nativas que se encontraban en el terreno.

“Nosotros no estamos en contra de los vecinos, sino del proyecto. No es discriminación. Queremos que vengan y bienvenidos sean, pero en un entorno integrador con los vecinos que aquí vivimos”, dice Javier Ferrada, vecino de la comunidad.

Sin embargo, la alcaldesa de Peñalolén sostiene que “se disfraza de argumentos medioambientales y ecológicos un acto abierto de discriminación social“.

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Para Javier Ferrada el problema está en la iniciativa. Según él, son viviendas muy pequeñas y es poco integradora con los pobladores.

Según Javier, arquitectos de la comunidad presentaron hace unos años un proyecto integrador, sin embargo, no fue viable debido a que la cantidad de familias beneficiadas eran menos de las que requerían viviendas.

Sin embargo, al interior de la Comunidad Ecológica también hay quienes apoyan la construcción de las viviendas sociales. Según el municipio, de las 650 familias de la comunidad, 200 apoyan el proyecto.

Por otro lado, los vecinos también son acusados en la justicia de infringir la ley de urbanismo. 11 denuncias hay en el Juzgado de Policía Local de Peñalolén en contra de familias cuyas viviendas no estarían regularizadas ante la Dirección de Obras municipal. Arriesgan multas y una eventual demolición de sus propiedades.

El futuro de las 360 viviendas sociales hoy está en manos de la Corte de Apelaciones. Según el Ministerio de Vivienda, la resolución final podría conocerse dentro de dos semanas.

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