Por María Luisa Carrión
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Carlos Correa (57 años) es casado hace 33 años y es padre de 5 hijos. Dice que hasta los 48 años casi nunca presentó una licencia médica. Pero en 2010 vino el primer golpe: Le detectaron un “cáncer a la ampolla de Vater, que comprometió la cabeza del páncreas, un tumor estaba ahí y me hicieron Whipple, que significa dejar el páncreas a la mitad, sacar la mitad del estómago, duodeno y vesícula”.

Tres años después y la enfermedad seguía sin dar tregua. Le encontraron un tumor en la hipófisis y en 2018 le apareció un cáncer al hígado, que comprometió el colon y los pulmones.

“He estado batallando con cuatro cáncer. Soy un sobreviviente. Ya en el último, ha sido lo más complicado, porque pasó a etapa cuatro, no resecable y tampoco curable y ahí se transformó en una enfermedad terminal“, afirmó el socio técnico del estudio jurídico, tributario y contable Correa y Cruzat SpA,.

Enfermedad terminal que, además, golpeó a Carlos en la parte financiera, aunque sabe que ha sido un privilegiado. Hasta ahora ha podido financiar su tratamiento siendo Fonasa en el Hospital Clínico de la Universidad Católica, pero los recursos son limitados.

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Las quimioterapias, por ejemplo, tienen un costo de $1 millón 300 mil y sólo le bonifican $4 mil. El sistema público no es una opción para él, ya que asegura que “al no ser GES estoy en las listas de espera del hospital base que me atiende“.

Pero lo que menos tiene es tiempo. Por eso, motivado por su hijo abogado presentó un recurso de protección, apelando al derecho a la vida, para poder retirar su fondo de pensiones de AFP Habitat, algo que la corte de Apelaciones de Santiago declaró admisible.

Solo estoy pidiendo mis recursos que en vez de destinarlos a la jubilación, los redestino a salud. ¿Para qué? Para seguir vivo“, zanja.

Andrés Guerra, gerente general de Previsionarte, asegura que “está clarísima una expectativa de vida corta de parte de la persona. No tiene ningún sentido que le herede a su familia la situación de una deuda asociada cuando lo puede pagar él con sus fondos previsionales. Eso me parece absolutamente coherente, que es distinto al planteamiento de voy a pagar mi casa, porque ahí no se sabe cuánto tiempo voy a vivir”.

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Y es justamente lo que quiere evitar Carlos: no quiere heredar una deuda a su familia.

Durante la semana pasada, el gobierno ya había manifestado su postura en este caso. El jueves, la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, aseguró que esta es una causal que debe tener un tratamiento distinto, pero agregó que “nosotros creemos que no corresponde la devolución de los fondos“.

A lo anterior, añadió que “lo que aquí corresponde es que se garanticen las pensiones de sobrevivencia. Entonces, garantizadas esas pensiones de sobrevivencia, uno puede aplicar un distinto tratamiento, por ejemplo, a través de un cálculo que sea más acotado, que es lo que nosotros estamos estudiando y es lo que pensamos plantear”.

En medio de este debate, este lunes se realizó una nueva movilización de la Coordinadora No + AFP que llegó hasta la zona donde se encuentran los Tribunales de Justicia en Santiago y la sede del ex Congreso Nacional.

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Luis Mesina, uno de sus voceros, consultado por este caso y las declaraciones de la secretaria de Estado, afirmó que “nos parece que es absolutamente insensible pretender dar respuestas individuales cuando lo que se requiere en Chile es una respuesta unitaria a lo largo del país, de tal forma que todos y todas tengan al final de la vida activa una pensión que les permita vivir con dignidad”.

El tribunal pidió a AFP Habital un informe, en un nuevo caso que pone en el tapete el sistema de pensiones. Carlos termina con la siguiente reflexión: “Si saliera que es más importante, por ejemplo, mantener el dinero en la AFP que el derecho a la vida, da una reflexión para el país“.

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