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Detenciones, actos violentos y abusos, son imágenes que quedaron del estallido social y que calaron hondo en la sociedad, motivando una serie de críticas y visitas de observadores de Derechos Humanos. Un complejo escenario que puso en duda cuántas de estas personas tuvieron un debido proceso y accedieron a una defensa oportuna. Tal es el caso de los dos sujetos detenidos inicialmente por la muerte de la subinspectora Valeria Vivanco, instancia en que los defensores públicos tomaron la declaración de los individuos en un cuartel de la PDI y solo estuvieron presentes en el inicio de la investigación que finalmente tuvo un gran vuelco y los dejó el libertad. Por lo mismo, hoy se busca que los defensores públicos no lleguen únicamente en este tipo de casos de connotación nacional a tomar declaración a las unidades policiales. A raíz de esto, se puso en marcha un plan piloto que busca que los abogados puedan prestar su asesoría legal desde las primeras horas de una detención, llegando directamente a los cuarteles policiales, y así tener tiempo para recolectar antecedentes claves en la defensa de un imputado.

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