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El Gobierno dio a conocer este martes el Informe del Comité de Derechos del Niños de Naciones Unidas (ONU), el que reconoce entre sus páginas que la situación que afecta a niños, niñas y adolescentes en los centros de menores del país “es grave y requiere de cambios radicales”.

“El compromiso con la infancia del Gobierno constituye una de sus máximas prioridades”, enfatizó al respecto el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, al dar a conocer dicho informe, que fue recibido el pasado 7 de junio por el Ejecutivo.

Patricia Muñoz, Defensora de la Niñez, profundizó en entrevista con Última Mirada sobre el tema y señaló que el informe “se esperaba el nivel de diagnóstico que hace el Comité de Derechos del Niño, porque, de hecho, tiene mucho de la observación que el Instituto Nacional de DD.HH. realizó durante el año 2017 en relación a las visitas de las residencias, pero lo que no se esperaba son ciertas referencias muy categórica en relación a algunos aspectos de la infancia en nuestro país y la dureza con la que el Comité refiere de manera categórica y clara que el Estado chileno ha violado grave y sistemáticamente los Derechos Humanos de niños, niñas y adolescentes”.

El Informe final del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas se realizó tras el diagnóstico efectuado por dos expertos que visitaron una serie de centros del Servicio Nacional de Menores (Sename) en enero de este año, donde se constatan dichas vulneraciones que el informe señala.

Al respecto, Patricia Muñoz destacó un aspecto importante al cual, dijo, es necesario ponerle atención. El informe “lo que hace el Comité es hacer una declaración que a mí me parece muy potente y que debemos atender como Estado”, dijo con relación al informe que señala que la pobreza es un factor termina siendo un factor de institucionalización de los niños en Chile.

“Eso es algo que no solo no debe llamar a reflexionar desde el Estado, sino que también a tomar acciones efectivas para que, en ningún caso el hecho de no tener recursos sea un sinónimo inmediato de la necesaria institucionalización de los niños”, dijo.

“En el fondo la verdad es que acá. lo que yo espero, debido a la potencia de este informe y que marca un antes y un después de lo que el Estado debe hacer, es la adopción inmediata de ciertas medidas que debieron ser ejecutadas desde la salida del informe de la observación del Instituto Nacional de Derechos Humanos”.

Tras conocerse los resultados del informe en cuestión, se espera la entrega de la respuesta final por parte del Gobierno de Chile al Comité de Naciones Unidas, paro lo que hay un plazo de seis meses, contados desde la entrega del documento.

 

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