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La oportunidad laboral que otorgan las salmoneras tiene dividida a la Patagonia. Mientras las balsas jaula de la empresa Nova Austral se instalan y un sector celebra los nuevos puestos de trabajo, otro hace notar con fuerza los cuestionamientos por el impacto medio ambiental que la engorda de salmones puede generar en las aguas más puras del país y del planeta.

Tras el reportaje de El Mostrador que develó las altas cifras de mortalidad de salmones que esconde el privado, el equipo de CHV Noticias indagó en la fiscalización y financiamientos estatal a la industria salmonera que ha instalado balsas jaula y que tiene en trámite más de 400 concesiones marítimas en la misma zona.

Justamente, los montos que asigna el Estado cada año a la salmonera, que exporta desde Chile un producto con valor agregado, a la fecha suman casi $100 mil millones.

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Actualmente la Superintendencia del Medio Ambiente lleva dos investigaciones que involucran a Nova Austral y sus instalaciones en la Región de Magallanes.

La mortandad no declarada, la sobreproducción, la fuga de salmones y la instalación en lugares que no corresponden a las aguas concesionadas son las faltas más comunes de las salmoneras.

78 sanciones ha aplicado la Superintendencia, en los últimos 5 años, pero ninguna contra de Nova Austral, empresa de capitales noruegos que según la investigación de El Mostrador estaría, desde hace por los menos tres años, mintiendo sobre sus cifras de mortandad.

Y si bien en Sernapesca califican de efectiva su capacidad fiscalizadora, ¿por qué nunca se detectó lo que denuncia El Mostrador?

Todo esto está en fase de investigación, porque es una denuncia y todavía no sabemos si esta comprobado o no“, comenta Marcela Lara , subdirectora de Acuicultura de Sernapesca, quien sostiene que “siempre hay opciones que una empresa pueda cambiar alguna información”.

Junto a lo anterior, puntualiza que hace dos o tres semanas un inspector visitó Nova Austral antes de la denuncia.

¿Pero cómo fiscaliza la institución? Las propias empresas a través de laboratorios certificados entregan informes ambientales, estos técnicamente se denominan INFA. Es con éstas bases de datos que la entidad fiscalizadora mide el comportamiento de la empresa y los posibles riesgos.

Se cruzan las bases de datos, por ejemplo, las bases de datos de uso de antibióticos con las bases de datos de mortalidad con las bases de datos de cosecha en los centros de cultivo”, apunta Lara.

Las bases de datos son enviadas por las propias empresas, información que alrededor de un 15% se contrasta con la que proviene de Sernapesca.

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1.735 concesiones están vigentes en Chiloé, Aysén y Magallanes. La cantidad de funcionarios de los que dispone Sernapesca para fiscalizar no supera las 60 personas. Además, otras 400 concesiones se acogieron a trámite para instalar centros de cultivos de salmones en las aguas de la Patagonia.

Pero la cifra de mortalidad de salmones no es lo única crítica que acarrea esta industria. Hay otra realidad que se esconde bajo el mar y que preocupa a expertos.

“Lo que dejan las empresas es una tremenda contaminación. Hay un porcentaje de alimento que se llama no digerido, o sea comida que se les da, que quedó y va al fondo del mar y además están las fecas de los peces. Todo eso va generando una costra  y genera un fondo marino muerto, donde no hay oxígeno para la vida“, detalla Flavia Liberona, bióloga de Fundación Terram.

Nova Austral no quiso contestar nuestras preguntas y apuntó que “se encuentra realizando una investigación interna independiente. La investigación aún esta en curso”.

La Superintendencia del Medio Ambiente dispone de un presupuesto anual de 11 mil 189 millones, cifra insuficiente para medir todos los riesgos y actuar siempre a tiempo. Sin embargo, 19 mil 588 millones destina anualmente el Estado, a través de la Tesorería General de la República, para financiar en parte las operaciones de la empresa.

Los recursos ingresan por Ley Navarino (vigente desde 1985), la que otorga franquicias tributarias y aduaneras a quienes se instalen en la zona austral y utilicen adecuadamente recursos naturales como el mar.

Entre sus beneficios se encuentran eximirles del pago de derechos aduaneros a las importaciones de mercancía extranjera, además se exime de impuesto de primera categoría de la ley de impuestos a la renta por utilidades.

Es la intendencia la que decide si la empresa se acoge o no a la ley, para ello se les exige que al menos el 25%  de la mano de obra sea local.

Desde 2005 a la fecha el Estado ha destinado por éste concepto más de $94 mil 500 millones a Nova Austral, miembro de una industria que en Chile ha crecido durante los últimos 27 años a un 3.000%.

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