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El martes pasado, parlamentarios de la oposición confirmaron la presentación de una acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera, a raíz de las recientes revelaciones de la investigación de Pandora Papers.

En dicha filtración de documentos y reportajes colaborativos internacionales, los medios chilenos Ciper LaBot revelaron que el jefe de Estado selló la compraventa del proyecto minero con el empresario, y su amigo, Carlos Alberto Délano en Islas Vírgenes Británicas. En la operación se firmó un contrato que establecía un pago en tres cuotas. La última dependía de que no hubiera cambios regulatorios que obstaculizaran la instalación de la mina y su puerto en la Región de Coquimbo.

Según explicó en ese entonces el diputado Jaime Naranjo (PS), la iniciativa parlamentaria se basa en dos argumentos principales: por “haber infringido el principio de probidad” y “comprometer gravemente el honor de la patria”.

En conversación con CHV Noticias AM, Naranjo sostuvo que “a nadie le gusta acusar a los presidentes de la República por desprestigiar el país, por hacerle daño. Lo que pasa es que aquí están ocurriendo hechos lamentables, y por tanto, no nos corresponde más que como Parlamento hacer lo que estamos haciendo, que está dentro de nuestras facultades que la Constitución establece”.

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“Desde La Moneda y sus ministros han querido acusarnos que estamos haciendo esto por hacer un daño al gobierno, con fines electorales. Lo más grave sería que el Parlamento no hiciera nada, porque estaríamos siendo cómplices silenciosos de esta conducta inapropiada del presidente de la República”, agregó.

Asimismo, recalcó que tomaron esta decisión “porque queremos que las instituciones funcionen y están funcionando. Por un lado, Impuestos Internos viendo la evasión tributaria; por otro lado, la Fiscalía viendo cohecho y soborno, y por otro nosotros viendo las responsabilidades políticas que tiene el presidente”.

El diputado socialista detalló que, una vez presentada la acusación constitucional contra el mandatario, posteriormente se realizará un sorteo al azar para determinar a los diputados y diputados que formarán parte de la comisión que revisará el libelo. Respecto a una eventual fecha, cree que “debiera verse en la sala a fines de octubre o primeros días de noviembre”.

“Si todos nos ponemos en el lugar que corresponde, en pensar en el país y no en intereses políticos o electorales, yo creo que debieran juntarse no sólo los votos en la Cámara de Diputados sino que también en el Senado. He escuchado al menos a algunos senadores, incluso candidatos de la propia derecha, que están muy molestos, incómodos y están pidiendo una aclaración al presidente, porque todo lo que él ha sido es insuficiente”, añadió.

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